En la mañana el equipo de la institución entre trabajadores sociales y promotores comunales de la institución de vivienda procedieron a evaluar a cada cabeza de familia para determinar su condición socioeconómica.
Instalaron las mesas para levantar el informe en la residencia del director nacional de Arrendamiento, Gilberto Córdoba, que está ubicada en los predios de la parcela invadida, donde se obtuvo la información respectiva para iniciar el proceso de investigación a fin de certificar la necesidad de vivienda.
Gladys Navarro, subdirectora nacional de Desarrollo Social del MIVI, resaltó que hasta al momento se efectuó el levantamiento para obtener la información correspondiente y de esa manera determinar si realmente ameritan una respuesta de vivienda para satisfacer esa necesidad.
Reiteró que hasta el momento están imposibilitados de definir si los terrenos invadidos son del Estado o propiedad privada.
Adelantó que en primera instancia deben desarrollar el levantamiento socioeconómico y luego presentar ante la institución la información correspondiente para proceder con las medidas correspondientes.
Rubén Darío Moreira, presidente de la directiva de precaristas, recordó que el grupo de familias que ocuparon los terrenos y requieren de una solución de vivienda para albergar.
Aseguró que son terrenos del Estado y tienen la esperanza de que el gobierno de Martín Torrijos, les dará una respuesta.
Muchos de los que allí residen están en condiciones de hacinamiento, varios núcleos familiares en una vivienda y otros en cuartos de alquiler por su condición precaria. Alegan que los terrenos invadidos son propiedad del Estado.
El MIVI no tiene facultad de solicitar lanzamiento por intrusos a los precaristas, sólo puede mediar entre las dos partes del conflicto, propietario e invasores. Si son del Estado se debe hacer un ordenamiento del área.
