Las remodelaciones de este centro penal fueron adjudicadas a la Empresa ARO S.A., luego que el Ministerio de Gobierno y Justicia realizara el acto de licitación; pero según el informe del Cuerpo de Bomberos "las condiciones de inseguridad que muestran los edificios podrían traer como consecuencia el colapso de la estructura.
Se recomienda reubicar a la población penitenciaria, en edificaciones adecuadas, que puedan brindar el servicio de una manera más segura y eficiente.
Igualmente se solicitó al estado cumplir con las normas mínimas en materia de seguridad y vigilancia.
Según las evaluaciones realizadas, el edificio no se diseñó para la atención penitenciaria, sino como un edificio de carga pasiva.
En un principio las instalaciones fueron utilizadas como dormitorio militar, calculando un promedio de cuatro a seis personas por cada diez metros cuadrados; sin embargo en la actualidad la capacidad de ocupación sobrepasa el límite de tolerancia, más o menos en 25 personas.
Existe además una sola salida de un metro de ancho, lo cual se constituye en una barrera al momento del desalojo.
Para que un edifico de este tipo funcione adecuadamente, deben contar con una serie de requisitos mínimos y debe contar con extintores de incendio, sistema de alarma y dos puertas de emergencia.
El sistema eléctrico ha sido alterado por los propios reos, quienes han hecho conexiones tipo telaraña dentro de las celdas.
Las losas y las paredes muestran agrietamiento y deformidad. También hay muchas filtraciones de agua en las celdas.
