Seis funcionarios del Municipio de La Chorrera fueron sobreseídos definitivamente en el proceso judicial en el que se les investigaba por el supuesto delito contra la administración pública, falsificación de documentos, abuso de autoridad e infracción de los deberes públicos, por lo que los mismos deberán recibir sus salarios caídos y ser restituidos en su cargo a partir de la fecha, indicó el alcalde de este distrito Eric Almanza.
El Juzgado Segundo de lo penal del tercer circuito judicial, a cargo del juez Ricardo Mazza Moreno, investigaba la denuncia presentada el 30 de octubre de 1997 por el abogado Raúl Ossa De La Cruz en contra de seis funcionarios municipales y los ocho supuestos compradores de 7.2 hectáreas de terreno por considerar que las mismas habían sido vendidas de manera ilícita.
Ante las denuncias presentadas los empleados municipales fueron separados de sus cargos.
Cabe señalar que la lista de funcionarios que deberán ser reubicados en sus posiciones, está conformada por: Elías Castillo Domínguez (ex alcalde), Carlos García (secretario general), José Saturnino Alvárez (ingeniero), Eric Almanza (actual alcalde), Coralia de Iturralde (jefa de catastro), Francisco Valencia, representante suplente del corregimiento de playa Leona.
Sin embargo, el 29 de enero del presente año, el juez segundo, Ricardo Mazza Moreno otorgó sobreseimiento definitivo a todos los implicados en la venta de las 7.2 hectáreas de terreno por considerar que el hecho investigado no constituye delito y que algunas de las conductas punibles señaladas no fueron ejecutadas.
Al respecto el actual alcalde chorrerano Eric Almanza, expresó su complacencia ante la medida adoptada por el juez Mazza, ya que consideró que se "hizo justicia".
"Todo se debió a un caso meramente político, puesto que todos los cargos presentados en su contra fueron infundados como lo demuestran las investigaciones", detalló la máxima autoridad chorrerana.
Dijo también que en el caso de los funcionarios que habían sido separados de sus cargos provisionalmente, éstos deberán ser restituidos a excepción del secretario general, Carlos García, cuya posición fue eliminada, por lo que sólo deberá recibir los salarios que dejó de percibir a partir de su separación.
Almanza señaló que aunque el municipio no contempló dentro del presupuesto el pago de los salarios a los funcionarios que fueron separados de sus cargos, se deberá buscar los mecanismos a través de Contraloría o del Ministerio de Planificación y Política Económica (MIPPE) "porque de que hay que pagarles, hay que pagarles".
Agregó la primera autoridad de este distrito, que luego del sobreseimiento definitivo que se le seguía a dichos funcionarios municipales, no existe ningún impedimento para la venta de las 7.2 hectáreas de terreno, que ya fue autorizada por el Concejo Municipal de La Chorrera que le dio los poderes al alcalde para ejecutar el proceso.
No se descarta que en el caso particular del exsecretario general, Carlos García, éste presente una demanda contra el Consejo por haber eliminado el cargo que ocupaba sin que hubieran concluido las investigaciones en su contra.
