PANAMÁ
A los ciudadanos Alejandro Araúz Guevara, alias “Macarrón” y a Jaime Casasola alias "Jaime Cañón se le formularon cargos por el presunto delito de pandillerismo
Estos dos ciudadanos fueron capturados en territorio costarricense. Foto. José Vásquez
El Tribunal Superior de Apelaciones de la provincia de Chiriquí revocó la medida cautelar de reporte periódico a los ciudadanos Alejandro Araúz Guevara, alias “Macarrón” y a Jaime Casasola alias "Jaime Cañón" aprehendidos en Costa Rica y trasladados a Panamá.
En territorio panameño, se le formularon cargos por el presunto delito Contra la Seguridad Colectiva en la modalidad de pandillerismo ordenando la detención preventiva para ambos.
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El Tribunal integrado por los magistrados Jorge Luis De la Torre (presidente), Luis Tapia y José Correa, revocó la medida cautelar personal de reporte periódico los lunes y viernes, prohibición de salir de Chiriquí y del país
Otra de las medidas aplicadas es la prohibición de acercarse a personas involucradas en pandillas que aplicó el pasado lunes 22 de mayo un Juez de Garantías.
Los magistrados, luego de escuchar a las partes intervinientes, valoraron la vinculación y los riesgos procesales, por lo que consideraron que existe un riesgo como el peligro de fuga o desatención del proceso y el peligro para la comunidad por la naturaleza del hecho.
Durante la Audiencia de Apelación, el fiscal Félix Ortega presentó los elementos de convicción, por lo cual no estuvo de acuerdo con la medida cautelar de notificación y sustentó el riesgo que existe de que ambos ciudadanos pudieran desatender el proceso que se les sigue.
Por su parte, Claudia Alvarado, defensora técnica particular de Jaime Casasola sustentó que su representado nunca se ha negado en atender las investigaciones que se le siguen.
La defensora pública Lorena Pittí en representación de Alejandro Araúz Guevara, también presentó los argumentos por lo cual debía mantenerse la medida de notificación a su representado.
Durante la Audiencia de Apelación, la fiscalía sustentó que esta investigación inició en el mes de febrero de 2019, y el pasado 21 de mayo, autoridades de Costa Rica entregaron a las panameñas a los dos imputados por, supuestamente, no portar documentación legal para estar en ese país.
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