Panamá
La decisión del Tribunal de Apelaciones del SPA en la provincia de Chiriquí fue el resultado de la apelación presentada por la Fiscalía Segunda Contra el Crimen Organizado.
La audiencia a los imputados se realizó con estricta vigilancia policial. Foto: José Vásquez
El Tribunal de Apelaciones del Sistema Penal Acusatrio (SPA) en la provincia de Chiriquí, revocó este miércoles la medida cautelar de notificación y salida de impedimento del país, a César Quintero y Lucas Reyes Montero y ordenaron para ambos la detención preventiva.
Mientras que se ratificó la medida cautelar impuesta por el Juez de Garantías a Yessica Herrera Saldaña de notificación todos los viernes y el impedimento para salir de la provincia.
El Tribunal de Apelaciones del SPA ratifico además las medidas cautelares impuestas de detención preventiva a Germán Castillo Robles, Lineth Herrera Saldaña y Yaser Zamel Ahmad.
La decisión del Tribunal fue el resultado de la apelación presentada por la Fiscalía Segunda Contra el Crimen Organizado, por la decisión del Juez de Garantías de otorgar medida cautelar de notificación a César Quintero, Lucas Reyes Montero y la notificación todos los viernes y prohibición para salir del país a Yessica Herrera Saldaña.
Mientras que la abogada Idalgis Olmos y Manuel García habían apelado la detención provisional de sus clientes Linet Herrera Saldaña, Yaser Zamel Ahmad y Germán Castillo Robles; por este mismo caso se ordenó detención preventiva a José Elias González Corella, durante la audiencia de garantías.
El pasado jueves 14 de abril, la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada imputó cargos a Germán Castillo Robles de 37 años, José Elías González Corella de 38 años, César Quintero de 52 años, Lucas Reyes Montero de 43 años, Lineth Herrera Saldaña de 39 años y a Yasser Zamel Ahmad de 44, en calidad de autores por el presunto delito Contra el Orden Económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales y Asociación Ilícita para Delinquir.
Mientras que a Yessica Herrera Saldaña de 46 años, se le imputó por el presunto delito de Asociación Ilícita para Delinquir.
La imputación se realizó durante la audiencia de garantías presidida por el juez de garantías Wilber Castillo, quien legalizó la aprehensión de las siete personas y la formulación de imputación presentada por la Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada a cargo de los fiscales Octavio Nicolao y Marcos Mosquera, quienes presentaron 49 elementos de convicción contra los investigados.
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Por su parte, los abogados defensores rechazaron los señalamientos presentados por el Ministerio Público, alegando falta de consistencia en las investigaciones y por violar el principio fundamental de la presunción de inocencia de sus clientes.
La Fiscalía sustentó que las investigaciones iniciaron tras el reporte del FBI, donde se informó de la compra de una finca en el distrito de San Lorenzo, lo que desencadenó en una serie de investigaciones que dio con la aprehensión de las 7 personas; el Juez de Garantías dio un plazo de 6 meses al Ministerio Público para investigar.
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