San Carlos con dos tesoreros municipales

Todos están en sus puestos de trabajo en silencio; no quieren hablar del tema por temor a las consecuencias, sólo piensan en qué pasará al final de la quincena cuando tengan que cobrar.
Y es que el Municipio de San Carlos tiene dos tesoreros en función, luego que la Corte Suprema de Justicia ordenara el reintegro provisional de la tesorera Isomery Pinto Sánchez.
Pinto fue destituida en noviembre del 2005 por los ediles; aduciendo la comisión de faltas administrativas.
Una funcionaria que prefirió mantener la reserva de su identidad, manifestó que ella al igual que sus compañeros viven en la incertidumbre y temerosos, sin saber a quién recurrir en busca de respuesta.
Comentó que la mayoría de los empleados prefieren mantenerse en sus puestos y evitar las conversaciones en los pasillos sobre el tema.
Hasta ahora el Consejo Municipal mantiene en el cargo a Carlos Echeverría, aunque se espera que en los próximos días se realice una reunión para aceptar la decisión del máximo tribunal de justicia panameño.
Por su lado, el alcalde Víctor López afirmó que está acatando la orden de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo.
Lamentó la crisis que se aproxima ya que las actividades económicas a lo interno del municipio podrían paralizarse, siendo los más perjudicados los funcionarios municipales.
El problema se da en que Pinto, a través de su abogado, puso una queja ante la Corte y la Contraloría de la República, porque no se cumple con su reintegro.
Esto motivó al alcalde López a no firmar cualquier cheque para evitar que fueran rechazados por el Banco Nacional de Panamá, porque actualmente aparece la firma del tesorero Echevarría.
Los propios ediles dejaron de recibir el pasado viernes los B/.40.00 de la dieta por reunión al igual que peligra los B/.433.42 que reciben mensualmente para el funcionamiento de sus Juntas Comunales.
De acuerdo con el alcalde la situación preocupa porque, la restitución oficial, cumpliendo con las normas del municipio, puede tomar hasta un mes.
La licenciada Pinto, además exige el pago de sus salarios caídos, correspondiente a los 10 meses que estuvo separada del cargo.
Por su parte, el presidente del Consejo Municipal, Antonio Pope, afirmó que de parte suya no hay problema en reconocer el fallo de la Corte Suprema. Sin embargo, adelantó que se tiene que dar una reunión de todos los ediles para tomar una decisión al respecto.
Para la destitución, el Consejo Municipal se basó en faltas administrativas, como demora en asistir a las reuniones semanales.
Esos argumentos, son causales de destitución según la Ley 106 y Ley 52 sobre Régimen Municipal.
La Corte Suprema de Justicia emitió un fallo provisional el pasado 14 de agosto en donde se ordenaba el reintegro provisional de Pinto.