B. del Toro. Por segundo día consecutivo obreros que trabajan en la construcción de la planta potabilizadora de Changuinola mantienen paralizadas las labores. En horas de la tarde se reunieron, de manera informal, representantes del Sindicato Unico de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), más de 30 obreros que fueron despedidos el viernes, con el gobernador de la provincia, Edgar Benavides, el mayor de la Policía en la región, el director Regional del Ministerio de Trabajo y abogados de la empresa constructora, PANEDI S.A y su propietario Manuel Vallarino.
Durante su intervención, los trabajadores demandaron el reintegro de los compañeros que fueron despedidos por considerarlo injusto y sin fundamento, así como una auditoría para que se confirme el pago incompleto de las horas laboradas y la omisión del pago de sobretiempos.
Ambas partes coinciden en que están dispuestas a sentarse a conversar, pero bajo sus propias condiciones. La empresa, por una parte, solicita la suspensión de la medida, mientras que los trabajadores condicionan la solicitud, a un pronunciamiento por parte del Ministerio de Trabajo, donde admita las supuestas violaciones.
El secretario del SUNTRACS, Jaime Caballero, comentó que no levantarán la medida porque las anomalías se vienen detectando desde el mes de febrero y los funcionarios del Ministerio de Trabajo no han hecho nada.
El vocero se comprometió a asumir las consecuencias de la acción, pero insistió en que es la única forma que a los trabajadores se les haga justicia.
Frente al gobernador de la provincia, los trabajadores una vez más retaron a los propietarios de la empresa, para que permitan abrir algunos lugares donde se enterraron las tuberías en sitios contaminados.
En tanto, el gobernador expresó que los sindicalistas habían admitido que el paro era de hecho, o sea ilegal, dando por sentado, que de ser necesario, se hará prevalecer la ley sin decir directamente si ordenaría el desalojo con el uso de la fuerza.
Por su parte, Manuel Vallarino, acusado de utilizar su parentesco con el primer vicepresidente de la República, Arturo Vallarino y el titular de Trabajo, J.J. Vallarino, manifestó que aún no se ha cuantificado la pérdida, pero que realmente lo preocupante era que los trabajadores habían dañado las llantas de algunos equipos pesados, no obstante, los obreros aseguraron que el equipo está custodiado por policías.
Hasta últimas horas de la tarde, la situación era tensa, pues estudiantes del colegio de la comunidad de El Silencio, donde se construye la planta, se unieron a los trabajadores, así como otros integrantes del sector universitario, mientras que a lo largo de la avenida Omar Torrijos se observaron a miembros de la Policía Nacional. La obra se construye desde hace nueve meses a un costo de B/. 11 millones y se espera que se termine a finales del próximo año.
