Azuero. Unas 200 familias de la barriada Nueva Soberanía, en la ciudad de Chitré, sufren desde hace unos seis meses la falta de agua potable y nadie les da respuesta.
"Nosotros nos levantábamos de 1:00 a.m. a 2:00 a.m. y recogíamos agua en tanques para lavar y cocinar, pero últimamente ya no nos llega", dijo Pastora Castillo, moradora del lugar.
P. Oeste. El éxito de los carnavales de Capira, según los lugareños, se debe a la férrea vigilancia que mantiene la Policía Nacional, ya que tienen unidades para revisar a todas las personas que llegan al distrito a través de los autobuses, lo cual impide ingresar armas y drogas.
Justo Bernal, uno de los pescadores a los que quieren desalojar de sus tierras, señaló que desde hace cinco años no han podido vivir en paz, "vivimos en un estado de zozobra, no podemos vivir en paz, nos quieren tumbar nuestras casas y qué vamos a hacer, dónde vamos a vivir".
Sostiene que ellos están en tierras nacionales y no en tierras de Barnes, porque así se ha certificado y si los desalojan, 300 personas o más se afectarían, aunque esto, según él, no le interesa a la presidenta de la República, Mireya Moscoso, quien no los quiso atender.
Elena Benjamín, otra de las pescadoras afectadas, en medio de lágrimas, dijo que sus hijos no tienen a dónde ir si los desalojan, ya que todos son pescadores y dependen de esta playa. Entre lágrimas aseguró que ellos tienen 61 años de vivir de la pesca en playa La Pacora y ahora los quieren sacar sin misericordia. "Dónde vamos a ir, de qué vamos a vivir, no hay empleo".
Los representantes de corregimiento del distrito de Antón, al igual que los pescadores de La Pacora solicitaron a la gobernadora de Coclé, Ernestina Tejada, la destitución del corregidor de Río Hato, quien está nombrado de manera ilegal, porque no reside en el corregimiento.
Mientras, los representantes de corregimiento de Antón se reunieron en sesión extraordinaria con los pescadores en playa La Pacora, para informarles que solicitaron la destitución del corregidor que los quiere desalojar.
Además los ediles cuestionaron la labor del alcalde, Arístides Rodríguez y es posible que se inicie una investigación en contra de este señor que no aparece a dar respuestas sobre sus actuaciones.
Frente a esta situación, el legislador del circuito 2-2 de Antón, Javier Tejeira, asegura que no permitirá que los desalojen del área donde trabajan la pesca artesanal y mantienen a sus familias, "porque no se trata de seis familias sino más bien de más de 300 personas que dependen directamente de esta pesca".ición los asesores legales de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, los que aseguran que el desalojo que pretende realizar el corregidor de Río Hato es ilegal porque no existe una resolución que así lo certifique.
Por su parte, la representante de Río Hato, Alda de Fernández, sostuvo que el alcalde actúa de manera muy contradictoria y que ella no va a permitir el desalojo de estas personas, por eso continuará luchando.
