Cientos de campesinos, en su mayoría indígenas, lograron una tregua en el conflicto con el gobierno por la tenencia de varias hectáreas de terrenos en 13 comunidades comarcales y del distrito de Chiriquí Grande en la provincia de Bocas del Toro.
Los campesinos habían amenazado con cerrar nuevamente el paso vehicular a la altura del río Uyama, si las autoridades no daban una solución al conflicto.
El legislador Samuel Biins dispuso una partida de B/.5 mil para los abogados que representarán a los quejosos en la lucha por mantenerse en las tierras que ocupan hace más de 50 años y que son reclamadas por algunos empresarios que presentaron títulos de propiedad de 1913, informó el viceministro de Gobierno y Justicia, Rodolfo Aguilera.
Igualmente se dio un plazo hasta principios del mes de octubre para presentar los nombres de los integrantes de diferentes juntas locales, quienes los representarán durante las negociaciones.
Funcionarios del Departamento de Catastro informaron que pese a que los títulos de propiedad presentados por los empresarios son legítimos, no se podrá ejecutar ninguna orden de lanzamiento, debido a que los campesinos adquirieron el derecho posesorio de las tierras, luego de haberlas habitado y trabajado por más de 15 años.
No obstante, pese a la lucha que mantienen la mayoría de las familias, existe un grupo de residentes que están dispuestos a vender sus derechos a los empresarios para el establecimiento de arroceras y platanales.
En ese sentido, el dirigente ngöbe, Pedro Arango, indicó que se debe respetar lo reglamentado en los artículos 45, 46, 256 y 286 de la Constitución que establece que el interés privado deberá ceder al interés público o social.
