Vence ultimátum a precaristas de Bocas

Unos 500 precaristas que invadieron más de 50 hectáreas de tierras en el sector de Finca 41 en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, tienen hasta hoy lunes para salir, dijo el alcalde Samuel Palacios, quien definió con precisión, qué método se utilizaría para el desalojo.
Los precaristas que exigen lotes para la construcción de sus viviendas, han invadido los terrenos en varias ocasiones y luego de negociar con las anteriores y actuales autoridades municipales se retiran, en espera de soluciones.
Al no llegar la respuesta, a principios de la semana pasada, decidieron nuevamente trasladarse al lugar, pero esta vez iniciaron de inmediato la construcción de casas improvisadas, en las cuales han pernoctado con sus hijos, y aseguran, que a falta de respuesta anteriormente, esta vez no cederán hasta que se les presenten soluciones concretas.
Según el alcalde, a su despacho han llegado copias de los planos y títulos de la propiedad en cuestión y es deber del gobierno velar por las garantías de los asociados, por lo que no se puede permitir tal acción que va claramente en contra de las leyes del país.
Hace aproximadamente seis meses se dio igual situación y aunque no se registraron enfrentamientos, los ánimos de los invasores estuvieron caldeados, y esta vez, amenazan con ir hasta las últimas consecuencias, por lo que no se descarta la posibilidad de enfrentamientos.
Los precaristas provienen de diferentes sectores de Changuinola incluyendo los de Finca 6, Finca 41, 42, 66, 11 y otra docena más. Uno de los últimos censos habitacionales indica que en Changuinola, existe un déficit habitacional de aproximadamente 700 casas.
La provincia de Bocas del Toro también posee el costo de la canasta básica familiar más alto del país y se observa de manera preocupante, que los alquileres de casas, apartamentos o cuartos, reflejan similar situación, aún cuando no es el mejor de los servicios ofrecidos, y por tratarse de un negocio de libre oferta y demanda, el lema es, "lo tomas o lo dejas". Aunque no es la posición de todos los que alquilan, la situación afecta principalmente a los educadores que por nueve meses se ven obligados a complacer el apetito económico de algunos avarientos.