El Panamá América ha preparado un trabajo especial sobre los 3 años del gobierno de Mireya Moscoso. En la primera entrega, en la sección Nacionales, se presentaron ayer las metas cumplidas y las que están por cumplir.
A continuación se presenta la evaluación del trabajo en materia de Relaciones Exteriores:
La cancillería panameña siguiendo los lineamientos del Plan de Gobierno "Nuestro Compromiso para el cambio" dio apoyo a la ejecución de la agenda económica y nacional; fomentó la cooperación internacional para el desarrollo y trabajó en el afianzamiento de la soberanía. Así como también en la promoción del sistema democrático y los derechos humanos.
Se avanzó en las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, del cual se ha logrado ya suscribir la parte normativa y los anexos que corresponden a nuestra relación comercial con El Salvador; el inicio de negociaciones para un Tratado de Libre Comercio con Taiwán y de una nueva relación con Estados Unidos. Algunos empresarios han criticado la estrategia de negociación de los acuerdos internacionales, porque según ellos, Panamá debe negociar con Estados Unidos en bloque y no en forma bilateral.
A su vez, se destinan esfuerzos para lograr la sede permanente del Acuerdo de Libre Comercio de Las Américas (ALCA).
Coordinó acciones para lograr la salida de Panamá de la lista de países no cooperadores en la lucha contra el lavado de dinero del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de paraísos fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Algunos profesionales panameños han sido colocados en posiciones internacionales, de acuerdo con lo estipulado en el Plan de Gobierno.
Sin embargo, no se reformó la estructura interna de la institución, creando dos viceministerios, uno dedicado al área política y otro a la económica. Tampoco se incorporó al viceministerio de Comercio Exterior, adscrito al Ministerio de Comercio e Industrias.
Se puso en ejecución la Dirección General de Carrera Diplomática y Consular. No obstante, las denuncias por violaciones a la Ley de Carrera Diplomática persisten por quejas de nombramientos sin idoneidad.
En su programa de gobierno la presidenta Moscoso prometió que la información financiera no debería seguir siendo un secreto de Estado, sino que fuera accesible a la ciudadanía.
Contrario ha sido lo ejecutado porque aprobó la Ley de Transparencia, pero a través de reglamentación prácticamente la dejó sin efecto, por lo que la Defensoría del Pueblo presentó un recurso a través del que se pide la nulidad de este acto.
Sobre el tema, la directora ejecutiva de Transparencia Internacional-Panamá, Angélica Maytín, consideró que la reglamentación impide el fiel cumplimiento del propósito de la ley, que era facilitar a los ciudadanos el acceso a información de carácter público.
Otro de los puntos que criticó es la no ejecución de las recomendaciones de la Comisión Anticorrupción e inclusive hizo referencia a la decepción que sintió el comisionado Tomás Herrera cuando el asesor presidencial Jaime Jácome, señaló que el problema de corrupción no era prioritario para el gobierno.
No obstante, indicó que en un foro organizado por este organismo, el ministro de Economía y Finanzas, Norberto Delgado anunció que el gobierno va a iniciar la elaboración de un Plan Nacional de Integridad con el auspicio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la asesoría de TI-Panamá.
"Nosotros seguimos dispuestos a colaborar, pero creo que debe existir un compromiso de cumplir con las medidas que se generen de ese Plan y no dilatar su aplicación", afirmó.
En cuanto a los escándalos que han envuelto al gobierno de Moscoso, como el Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS), equiparación de los puertos, licencias fraudulentas para marinos, entre otros, Maytín advirtió que existe una elevada percepción de impunidad provocada por denuncias donde nunca hay culpables.
El Consejo de Gabinete aprobó la equiparación a Panama Ports Company (PPC), subsidiaria de la Hutchison de Hong Kong. La equiparación exonera a la empresa de pagarle al Estado 22.2 millones por año y es actualmente objeto de una demanda en la Corte Suprema de Justicia.
Ex miembros de la PTJ revelaron actos de corrupción, acoso sexual etc. dentro de la institución. Según miembros de este organismo, se pretendía tender una trampa al hijo del procurador José Antonio Sosa. Ahora la PTJ está siendo investigada por el procurador.
Se investiga un robo de más de B. 30 mil perpetrado en la casa de una secretaria de la administradora de la Presidencia, suma que escondía dentro de una nevera, según explicó, porque desconfía de los bancos. La funcionaria goza de vacaciones desde la semana pasada.
