Esta agrupación pudo haber traspasado unas 311 hectáreas (ha) de tierras valiosas que vendía a 6 dólares cada una y que calificaban como lotes baldíos.
Las actividades ilegales se hicieron con el aval de la Dirección de Reforma Agraria durante los primeros meses del año 2009.
El 6 de enero de 2006, dos fincas del Estado en las islas Punta Laurel y Cayo de Agua fueron adjudicadas por Reforma Agraria a dos sociedades anónimas, de acuerdo a documentos del Registro Público.
Los terrenos insulares fueron otorgados por tan solo 600 dólares.
