El relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Independencia de Jueces y Abogados, Leandro Despouy, denunció hoy deficiencias en el sistema de justicia guatemalteco y recomendó la creación de un Ministerio para combatir la impunidad y el crimen organizado.
Durante una rueda de prensa al término de su visita de cinco días al país, Despouy explicó que en sus entrevistas los interlocutores coincidieron en que en Guatemala existe un clima de impunidad generalizado y notarias deficiencias en el sistema de justicia, por la presión que ejercen factores estructurales hacia los jueces.
"Si el Estado no recupera su rol de tutelar las garantías de los derechos humanos e impartir la justicia, corre el serio riesgo de sucumbir" y delegar "las funciones en manos de sectores que benefician y que propugnan los altísimos niveles de impunidad", subrayó.
El relator especial, de nacionalidad argentina, sostuvo que actividades como el narcotráfico y el crimen organizado son "perversas y peligrosas" y "pueden erosionar los cimientos del Estado y transformarse en factores de poder".
Explicó que durante su visita constató "la ausencia de políticas públicas en materia de prevención del crimen, así como la falta de una política criminal y criminológica del Estado".
En Guatemala, la investigación criminal adolece de varias deficiencias, derivadas principalmente de la falta de personal y de instrumentos adecuados, tanto dentro del Ministerio Público, como dentro de la Policía Nacional Civil, señaló.
El Relator considera que el hecho de que los jueces estén supeditados a un mandato de cinco años "debilita el poder judicial, afecta su independencia y su desarrollo profesional".
Despouy expresó su preocupación porque el Congreso no ha aprobado leyes que a su juicio son "imprescindibles" para fortalecer el sistema de justicia y seguridad ciudadana, como la Ley de Armas y Municiones.
Por ello, hizo un "llamado solemne y formal al Parlamento" guatemalteco para que apruebe esa ley con el fin de contrarrestar la violencia.
"De cada cien homicidios, sólo dos son juzgados, y de cada cien delitos, sólo cuatro son juzgados. Además, la amenaza de la penetración del narcotráfico y el crimen organizado puede plantear una situación irreversible", puntualizó.
Insistió en que en el país "aún existen graves obstáculos en el acceso a la justicia, en especial de los sectores pobres de la población y de las comunidades indígenas", y dijo que el Gobierno "no ha adoptado las medidas necesarias para solucionar este problema".
Entre sus conclusiones, Despouy recomendó la creación de un Ministerio de Justicia que defina las políticas públicas en materia de justicia, en especial la criminal.
Además, recomendó fortalecer los mecanismos de investigación criminal, tanto a nivel del Ministerio Público como de la Policía Nacional Civil, y que Guatemala ratifique el Estatuto de Roma y de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Durante su visita, el relator se reunió con los distintos delegados del poder judicial guatemalteco, con organizaciones pro justicia y de derechos humanos.
El relator especial inició el pasado lunes su visita a Guatemala, invitado por el Gobierno del presidente Álvaro Colom, para constatar la situación en la que se desenvuelven los operadores de justicia en el país y tiene previsto presentar su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en agosto próximo.
