Una de las integrantes de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) de Paraguay renunció hoy ante este organismo, que debe reunirse mañana para seguir analizando el pedido de refugio tramitado por el ex gobernador boliviano Mario Cossío, informó la prensa local.
Se trata de la diputada oficialista Aida Robles, que alegó que adoptó esa determinación luego de que, según la prensa, recibió presiones de sectores que no precisó y por la falta de tiempo para analizar los antecedentes del caso Cossío, ex gobernador del departamento boliviano de Tarija.
Ante la renuncia de Robles, quien, según medios de prensa asuncenos, tenía previsto votar en contra del pedido de refugio, la Comisión Permanente del Congreso convocó para este martes a una reunión para elegir a una nueva representante ante la Conare.
La legisladora presentó su renuncia un día antes de que se celebre la tercera audiencia para analizar el caso del boliviano, que se declara perseguido político en su país y que fue destituido por presunta corrupción.
Algunos miembros de esa comisión habían indicado que este martes podrían realizar la votación para definir la situación de Cossío, aunque, no obstante, aclararon que cuentan con un plazo de 90 días desde diciembre pasado para adoptar una determinación.
La Conare está integrada por Felipe Robertti e Inés Martínez, ambos en representación de la Cancillería; Ángel Caballero, de la Dirección de Migraciones; Diana Vargas, del Ministerio de Interior, y Carlos Aquino, del Ministerio de Justicia y Trabajo.
También conforman esa comisión la senadora Zulma Gómez, así como Rodolfo Aseretto, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), y Porsolei Bortolotto, de la Iglesia católica.
Los dos últimos tienen voz pero no voto dentro del organismo, por lo que Cossío requeriría de cuatro votos a favor, de un total de siete, para obtener el refugio.
El destituido gobernador viajó a Paraguay el mes pasado, luego de que la asamblea regional de Tarija (sur de Bolivia), controlada por el oficialismo y sus aliados, lo relevara por una denuncia por corrupción que él niega.
El Tribunal Supremo del vecino país informó en su momento que Cossío, opositor al Gobierno del presidente Evo Morales, afronta en total ocho demandas penales en la ciudad de Tarija.
Morales ha pedido a las autoridades de Paraguay que no otorguen asilo a su compatriota porque, a su juicio, no se trata de un perseguido político, sino de un acusado de corrupción.
Por su parte, el presidente paraguayo, Fernando Lugo, afín al Gobierno de Evo, aseveró que su país "no va a apañar a nadie, ni a criminales y a gente corrupta", aunque, no obstante, ratificó que el caso se encuentra en manos de la Conare.
Entretanto, el Consejo de Gobernadores de Paraguay instó a Lugo "a extender de inmediato y por decreto (...) el asilo político" a Cossío, otra figura legal a la que podría recurrir el destituido gobernador, independientemente de lo que decida la Conare.
El 30 de diciembre pasado, la Comisión Permanente del Congreso, en funciones durante este receso veraniego, resolvió apoyar el pedido de refugio, alegando "la tradición de Paraguay en materia de otorgamiento de seguridad personal a aquellos ciudadanos de otros países que se sientan perseguidos por razones políticas".
