Después de muchos años, algunos juristas señalan que desde 1956, no se proponía la creación de una nueva sala en la Corte Suprema de Justicia, pero lo cierto es que tampoco ha existido en los últimos años un rechazo mayoritario de diferente sectores de la sociedad a un proyecto de ley vinculado a la administración de justicia.
Se trata del proyecto de ley por el cual se crea en la Corte Suprema de Justicia, la sala Quinta de Instituciones de Garantía y de Casación Laboral presentado por la Ministra de Gobierno y Justicia, Mariela Sagel, a las 11:11 de la mañana del día 17 de marzo de 1999 ante el pleno de la Asamblea Legislativa.
La mencionada iniciativa fue aprobada en primer debate por la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa, cuyo informe fue remitido al pleno de la Cámara por el presidente de esa instancia legislativa, el legislador Roberto Abrego, a las 5:45 de la tarde del 24 de mayo de 1999.
En medio del trámite legislativo que recorre el mencionado proyecto, las críticas de diversos sectores de la sociedad panameña a la iniciativa del Ejecutivo han sido más que los aplausos.
Los principales gremios de abogados del país, las centrales obreras, los estudiantes, partidos políticos, la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica, entre otras organizaciones, han señalado la necesidad de que se suspenda los debates del proyecto en la Asamblea Legislativa.
Uno de los gremios que manifestó su rechazo al proyecto que crea la Sala Quinta de Garantías Constitucionales y Casación Laboral fue el Centro de Investigaciones de Derechos Humanos y Socorro Jurídico de Panamá.
Rolando Villalaz, abogado y director del Centro denunció que la iniciativa del Ejecutivo es violatoria de los Derechos Humanos porque deja en mano de dos de tres magistrados decisiones relativas a las garantías fundamentales de los ciudadanos.
De acuerdo con Villalaz es preocupante que en una materia de trascendencia como son las garantías individuales de los ciudadanos sean resueltas con la opinión favorable de dos de tres magistrados de la mencionada Sala Quinta.
El abogado indicó que las garantías individuales especiales de los ciudadanos establecidas del artículo 17 al 51 de la Constitución Nacional incluyen derechos como la libertad de expresión, respeto a la propiedad privada, la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, la libertad de reunión, la libertad de asociación y la libertad de profesión así como el debido proceso.
Se limita la posibilidad de que se de un juego de debates en un tribunal que por la naturaleza de la materia que tratará se necesitará, manifestó el abogado, quien se mostró a la vez partidario de mantener la atribución de la materias de garantías fundamentales al pleno de la Corte Suprema de Justicia, donde las decisiones en esta materia son analizadas por nueve magistrados.
"No es saludable para el país que una decisión sobre una detención arbitraria o garantías fundamentales de un ciudadano quede en manos de dos personas", sentenció.
Villalaz advirtió que el Centro de Investigaciones de Derechos Humanos y Socorro Jurídico tiene gran aprehensión por el hecho de que a menos de 100 días para terminar el mandato del Presidente Ernesto Pérez Balladares, la Asamblea Legislativa discuta este proyecto de suma importancia para el país y sea el actual Ejecutivo que nombre a los tres nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Otro aspecto que denunció el abogado fue la presunta inconstitucionalidad de la propuesta del Ejecutivo en base a que el proyecto de ley altera la estructura de la Corte Suprema de Justicia y por la envergadura de ley orgánica de que trata la materia no podía ser presentado al Organo Legislativo por la Ministra de Gobierno y Justicia sino por la propia Corte Suprema de Justicia.
Para Villalaz existe otro aspecto criticable a la propuesta de la Sala Quinta y que se refiere al vacío que se crea ya que de acuerdo con la Constitución vigente es el pleno de la Corte la que tiene la facultad privativa de interpretar la Carta Fundamental y con la iniciativa del Ejecutivo surge una situación no muy clara con respecto a esa prerrogativa de la máxima corporación de justicia.
Dos instancias en el Organo Judicial van a tener la interpretación constitucional de la Carta Magna, lo que contraviene la a la Constitución y podría crear futuros conflictos en materia de definir la constitucionalidad de las leyes, advirtió el abogado.
Lo más conveniente, indicó Villalaz, es lo que han señalado muchos especialistas en la materia, en el sentido de la creación de un tribunal constitucional, pero para ello se requiere de una reforma a la Carta Magna.
Interrogado sobre la sustentación del Ejecutivo de que la creación de la Sala Quinta resolverá el problema de la mora judicial , el abogado Villalaz rechazó esa versión del gobierno porque a su juicio el retraso en resolver los trámites judiciales no está en el pleno de la Corte Suprema de Justicia sino en los juzgados municipales y de circuitos, tantos civiles como penales.
Lo adecuado es dotar al Organo Judicial y al Ministerio Público de un presupuesto razonable para nombrar más personal y equipar los juzgados con el fin de desahogar el congestionamiento que se provoca con los expedientes en los juzgados municipales y de circuitos,dijo.
Manifestó que con la iniciativa del Ejecutivo los juzgados municipales y de circuito siguen teniendo competencia para resolver los amparos de garantías por lo que el proyecto no es una " feliz solución al problema de la mora judicial".
"La propuesta del gobierno ubica el problema donde no se encuentra", señaló el abogado.
Villalaz apunta que para disminuir la mora judicial también habría que buscar alternativas a la detención preventiva que tanto uso hacen tanto las autoridades del Ministerio Público y el Organo Judicial, las autoridades de policía, los corregidores y los alcaldes del país.
Para el Centro de Investigaciones de Derechos Humanos y Socorro Jurídico su propuesta en torno al debate surgido con la creación de una nueva Sala en la Corte Suprema de Justicia es que la propuesta de ley sea ampliada a una mayor discusión con todos los sectores de la vida nacional.
Por el hecho de que el proyecto afecta una materia de suma importancia que tienen que ver con las garantías de los derechos fundamentales del panameño consagrado en la Carta Magna es importante que la iniciativa sea ampliamente conocida por la opinión pública, dijo Villalaz.
Indicó que a mediano plazo cuando se debatan posibles reformas a la Constitución allí se podría aprovechar el momento para debatir que es lo que más le conviene el país para disminuir la mora judicial, una corte constitucional, una nueva sala o un tribunal superior.
Advirtió que se opone a que en un período de transición de gobierno se aprueben modifaciones importantes al Organo Judicial al tiempo que señaló que rechazaría que el nuevo gobierno de Mireya Moscoso presente algo similar en sus primeros años de funciones.
COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS
El presidente del Colegio Nacional de Abogados(CNA), César Guevara, denunció que uno de los aspectos que más le preocupa del proyecto que crea la Sala Quinta de Garantías y Casación Laboral es la "forma apresurada con que se pretende aprobar" el mismos sin tomar en cuenta de que allí se establecen competencia privativas para conocer de las garantías fundamentales y del Habeas Corpus.
Guevara denunció que no hubo una notificación formal al Colegio Nacional de Abogados por parte del Ejecutivo para mejorar está iniciativa como sí ocurrió con otros proyectos relacionados a las reformas al Código Penal y Procesal, al sistema penitenciario y otros relacionados a la administración de justicia y derechos fundamentales.
Indicó que como presidente del Colegio Nacional de Abogados conoció del proyecto después de la presentación del mismo en la Asamblea Legislativa y de manera casual ya que se encontraba en la Cámara ventilando asuntos relativos a la nueva ley de radio y televisión.
El dirigente del principal gremio de abogados del país señaló que una vez conocido el texto del proyecto sostuvo una reunión con el mandatario Ernesto Pérez Balladares y con el Presidente de la Corte, Dr. Arturo Hoyos.
."En aquella reunión le hicimos una serie de reflexiones en cuando a que el proyecto debería someterse a un debate nacional amplio y que además se promoviera la creación de una jurisdicción integral de garantías desde los juzgados municipales hasta la Corte Suprema de Justicia.
También advertimos en esa reunión con el Ejecutivo y el Organo Judicial nuestra preocupación en torno al nombramiento de tres nuevos magistrados en la Corte Suprema de Justicia en un período de transición de poder.
"Tras que la creación de la misma institución iba traer problemas, le advertimos al Presidente que el nombramientos de nuevos magistrados iba generar igual polémica", manifestó Guevara sobre las intimidades de su reunión con el Ejecutivo y la Corte sobre el referido proyecto.
"Como en efecto expresamos en esa reunión los nombramientos de los nuevos magistrados nos iba quitar el sueño a mucho de nosotros", indicó el abogado.
Consideramos, señaló Guevara ,que este tipo de leyes "lastima la imagen, la impresión que debe tener la ciudadanía en su sistema de administración de justicia, que es todo lo que en un Estado de derecho se aspira a perfeccionar".
De acuerdo con el presidente del CNA siempre hay que aspirar a mejorar y hacer más funcional los sistema de administración de justicia aspiramos a mejorar y hacer más funcional los sistemas de administración de justicia para tratar de dotar a la ciudadanía de mecanismos expeditos, pero advirtió que esos cambios tienen que ser producto de una concertación de todas las fuerzas vivas de un país y no la voluntad de un solo sector porque entonces estamos
legislando solamente para un sector y no para toda la sociedad.
Guevara manifestó que en otras naciones existen instituciones similares a la que se proponen crear en Panamá, pero tanto en Europa como en Sudamérica esas instancias están aprueba y acomplándose al sistema.
Advirtió que en Panamá no podemos tener un tribunal constitucional, similar al de otros países ya que la Carta Magna establece que el pleno de la Corte es el que tiene la competencia privativa de interpretar la constitución.
"Tenemos que trabajar con realidades que no nos deben llevar a trabajar a la ligera", manifestó el abogado Guevara.
Señaló que quizás los creadores del proyecto lo hicieron de "buena fe", pero la coyuntura política que estamos viviendo de transición de gobierno y en una sociedad que tiene el deseo de que las cosas se discutan y no se impongan, es lo que está prevaleciendo en estos momento.
En base a esa coyuntura política y realidad que vive la sociedad panameña, el CNA se ha hecho "eco de estas inquietudes ciudadanas porque nuestro objetivo no es entorpecer ni bloquear los proyectos de ley", agregó.
Otro aspecto que criticó Guevara al proyecto que crea la Sala Quinta es la mezcla de criterios jurídicos que se hace en la iniciativa al combinar en una sola instancia aspectos relativos a las garantías fundamentales y materia laboral.
En cuanto a la celeridad con que se trabaja para aprobar el proyecto, Guevara señaló que antes de las elecciones la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea no se pudo reunir varias veces por falta de quórum porque los legisladores expresaron que "no se iban a correr el riesgo de aprobar la iniciativa ya que no era conveniente para sus intereses".
Guevara manifestó que después de las elecciones se ha visto en la Asamblea un apresuramiento para debatir el proyecto lo que hace pensar que hay " fuerzas políticas poderosas" presionando para la aprobación rápida de la ley.
Denunció que el texto aprobado en primer debate por la Comisión de Gobierno no es el mismo que presentó la Ministra Sagel por lo que sugirió a la Asamblea que publicite el texto del proyecto para darle más transparencia a la discusión.
El presidente del CNA propone que los pronunciamientos hechos por los diferentes estamentos de la sociedad panameña en cuanto al proyecto de ley deben ser tomados en cuanto como una preocupación genuina por la suerte de la imagen del Organo Judicial.
"Hay que tener más prudencia política y los legisladores deben hacer un alto en la marcha a toda velocidad que existe para aprobar la ley con la finalidad de tomar en consideración las inquietudes muy fundadas de la sociedad", manifestó.
