El ministro de Gobierno (Interior) de Ecuador, Fernando Bustamante, informó hoy de que un capitán médico de la Policía Nacional fue secuestrado ayer, y aún permanece cautivo, por los manifestantes que protestaban contra la nueva ley minera que tramita el Legislativo.
En rueda de prensa, el ministro declaró que el Gobierno "no va a tolerar" acciones de violencia como las ocurridas ayer en la provincia de Azuay (sur), que dejaron como resultado, también, cuatro manifestantes detenidos, catorce policías heridos y una ambulancia incendiada.
Bustamante añadió que el Gobierno no va a negociar con los "criminales", que "no va a tolerar estas acciones" y agregó que "las personas que secuestraron al capitán han cometido un grave delito, un crimen, y deberán responder por ello ante la justicia".
Según el ministro, "el derecho a la protesta y al reclamo de derechos ciertamente está consagrado en la Constitución y en el Régimen de los Derechos Humanos, pero en ningún caso ello justifica ni el crimen ni la violencia".
Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) pidió hoy al Gobierno que archive la polémica ley minera, y acusó al presidente del país, Rafael Correa, de mantener una "actitud dictatorial" al tratar de forzar su aprobación.
La Conaie, la organización social más importante de Ecuador, acusó en un comunicado al Ejecutivo de intentar que su proyecto de ley minera se apruebe en la Comisión Legislativa, pese a la oposición de varios sectores de pequeños mineros, comunidades campesinas y grupos ambientalistas.
"Frente a la actitud dictatorial del presidente Rafael Correa, de que su proyecto de ley minera sea aprobado" por el Legislativo, la Conaie, afirmó el comunicado, estudiará la posibilidad de sumarse a las protestas que han emprendido algunos grupos de pequeños mineros y comunidades campesinas, especialmente en el sur del país.
El presidente de la organización, Marlon Santi, indicó en rueda de prensa esa posibilidad y, en cualquier caso, apoyó las manifestaciones que se han desatado en la zona austral.
Los manifestantes exigen que una comisión del Legislativo acuda a las zonas mineras del sur del país para que constaten la contaminación en vertientes de agua, que imputan a las compañías mineras que operan en la región.
Según la Conaie, la ley minera elaborada por el Gobierno "no es más que una copia" de lo que han hecho anteriores administraciones, criticadas por el actual gobernante.
En el comunicado, la Conaie pidió al Gobierno que cese la represión contra las manifestaciones y solicitó que al lugar acudan altos cargos del Ejecutivo y el Legislativo.
También exige que, en el tratamiento de la ley minera que hace la Comisión Legislativa, se elimine la posibilidad de tratar esa norma como una ley orgánica y se le dé el trato de ordinaria, de menor jerarquía.
Según la organización indígena, que ha mantenido fuertes roces verbales con el presidente Correa, aunque le ha brindado un "apoyo crítico" en varios de sus proyectos, la ley minera del Ejecutivo facilita las concesiones a las trasnacionales y pone en peligro el ambiente en las zonas de explotación.
Finalmente, la Conaie hizo un llamado al Gobierno y al Legislativo "para que se archive este proyecto de ley minera a gran escala y se trate un proyecto de ley que beneficie a la pequeña minería, minería artesanal y de áridos, y no a las trasnacionales".
