El Senado boliviano aprobó hoy una ley del presidente Evo Morales que busca evitar que gobernadores reelegidos, adversarios suyos, ejerzan sus cargos, en tanto que los opositores continuaron con marchas y convocaron para mañana a nuevas protestas, informaron fuentes oficiales.
Los senadores del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), que controlan esa Cámara, votaron la aprobación de la normativa, ante el rechazo de los legisladores del Plan Progreso Bolivia-Convergencia Nacional (derecha).
La norma debe ser tratada por la Cámara de Diputados, que también está en manos del oficialismo, antes de ser promulgada por Morales, actualmente de viaje en Europa.
La ley establece que los políticos con denuncias penales en contra pueden ser suspendidos de sus cargos si tienen acusaciones formales de jueces por presuntos actos de corrupción.
La norma puede afectar a los gobernadores reelectos de Tarija (sur), Mario Cossío, y Santa Cruz (este), Rubén Costas, contra quienes hay varias acusaciones planteadas por el Gobierno.
Contra Cossío hay 25 denuncias por presunta corrupción en obras públicas no concluidas, por lo cual ha sido acusado de contratos lesivos al Estado, mientras que Costas tiene nueve denuncias, una de ellas por financiar en 2008 un referendo sobre autonomías al que se opuso Morales.
Similares consultas autonómicas fueron financiadas por Cossío en Tarija, por Suárez en Beni (noreste) y por el ex gobernador de Pando (norte) Leopoldo Fernández, que está preso en La Paz, acusado de presunta responsabilidad en una matanza de campesinos en 2008.
Contra Suárez hay dos denuncias planteadas por el Gobierno, pero en su caso aún no llegaron a una imputación formal.
El vicepresidente del país, Álvaro García Linera, defendió hoy la norma con el argumento de que protege los "recursos públicos" y es una "ley contra los pícaros, los ladrones y los corruptos".
"No puede haber autoridad acusada de un delito de corrupción que se quede en su cargo durante cinco años, no puede haber eso", sostuvo.
En tanto, en Tarija hubo una marcha organizada por el Comité Cívico regional, que para mañana ha convocado a un paro general, dijo a Efe el vicepresidente de ese organismo, Baldemar Peralta.
En Santa Cruz los dirigentes regionales ratificaron su llamado a la población a participar también mañana en una "gran concentración ciudadana" en la plaza principal de la ciudad.
El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Núñez, dijo que la manifestación será un rechazo a "los dictadores" que están "dando un golpe de Estado interno en las gobernaciones autónomas".
Los líderes regionales no pudieron instalar hoy las huelgas de hambre anunciadas el pasado martes.
En el Congreso, los opositores anunciaron demandas contra la ley al considerar que atenta contra el mandato de las elecciones regionales celebradas en abril pasado, en las que dirigentes opositores ganaron las gobernaciones de Tarija, Santa Cruz y Beni, mientras que oficialistas se impusieron en las otras seis regiones del país.
