Tres influyentes líderes demócratas del Senado de Estados Unidos han pedido a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, un replanteamiento del Plan Colombia debido a escasos progresos en la lucha antinarcóticos y en los derechos humanos en Colombia.
Frente al enorme déficit fiscal de EE.UU., "no podemos darnos el lujo de continuar una asistencia que no está dando resultados", argumentaron en una carta enviada a Clinton, los senadores Russ Feingold, Patrick Leahy y Christopher Dodd.
"Tenemos que eliminar programas que no están funcionando y centrar nuestros recursos donde sabemos que podemos tener progreso", afirmaron en la misiva con fecha del pasado día 21 y divulgada hoy.
La carta surge un día antes de que el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, realice una visita de dos días a Washington para discutir los avances y desafíos pendientes en su país en materia de derechos humanos.
En la misiva, los senadores insistieron en que, siete años después de la puesta en marcha del Plan Colombia contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales, "es hora de revaluar la asistencia de EE.UU. a Colombia".
Estados Unidos, argumentaron, ha aportado cerca de 7.000 millones de dólares a Colombia desde el año fiscal 2000 hasta el de 2009 que terminó en septiembre pasado, la mayoría de los fondos destinados a las Fuerzas Armadas en ese país.
Sin embargo, pese a esa "enorme inversión", la cantidad de cocaína que entra a EE.UU. "no ha cambiado de forma apreciable en los últimos nueve años".
Además, no ha habido avances en áreas como los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, mientras "continúan los abusos a los derechos humanos por parte de militares colombianos respaldados por EE.UU., y los responsables rara vez son llevados ante la Justicia", señalaron.
Aunque elogiaron la cooperación estadounidense con Colombia en un amplio abanico de temas, también expresaron preocupación de que el aspecto militar "continúa dominando nuestra relación, pese al continuo patrón de abusos por parte del Ejército colombiano".
En particular, señalaron el escándalo de los "falsos positivos", en los que soldados colombianos "mataron a centenares de civiles y los vistieron de guerrilleros para inflar el conteo de bajas".
Citaron informes de grupos defensores de derechos humanos que calculan que al menos 1.700 civiles inocentes fueron ejecutados por soldados colombianos a cambio de bonificaciones y días de libranza.
De esa cifra, según los senadores, la fiscalía colombiana ha aceptado 1.056 casos.
Los senadores reconocieron que decenas de militares han sido despedidos, que unos 75 militares, incluyendo a tres generales, están bajo investigación y que, según un informe del Relator Especial de la ONU para Ejecuciones Extrajudiciales, Philip Alston, no hay indicios de que esas ejecuciones sean parte de "una política oficial del Gobierno".
Sin embargo, el propio Alston ha dicho que el número de casos, su dispersión geográfica y la diversidad de unidades militares implicadas "indican que esos asesinatos se llevaron a cabo más o menos de forma sistemática por elementos significativos dentro del Ejército" de Colombia, indicaron los senadores.
