PANAMA: El gobierno no ha cumplido con sus promesas de derogar las leyes restrictivas de la libertad de prensa.
El pasado 22 de enero entró en vigencia la Ley 6, sobre normas de libre acceso a la información pública, lo que fue celebrado como un gran triunfo para el periodismo nacional. Sin embargo, del dicho al hecho hay mucho trecho, como suele decirse, dado que varios funcionarios se han negado a brindar la información que se les solicita con el pretexto de que la Ley no ha sido reglamentada.
El Departamento de Estado de Estados Unidos, en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Panamá fue especialmente crítico al señalar: "el gobierno como las figuras públicas hacen uso frecuente de las leyes de calumnia y desacato para confrontar e intentar la intimidación de periodistas".
COLOMBIA: El periodismo colombiano sigue sufriendo agresiones y amenazas de diversa índole y de diferentes sectores e incluso varios periodistas han muerto en el ejercicio de la profesión y los responsables han sido absueltos de los casos.
La Comisión Nacional de Televisión presentó un proyecto para regular la emisión de imágenes y declaraciones violentas en los espacios televisivos. Finalmente después de una protesta de los medios informativos, el presidente Andrés Pastrana envió una carta a dicha comisión en la que rechazaba la regulación coercitiva y favorecía cualquier acuerdo concertado.
En marzo llega a diversos medios de comunicación un mensaje en el que se amenaza y sentencia de muerte a siete periodistas. El mismo decía: "ustedes tienen 72 horas para volarse del país. Si no lo cumplen serán objetivo militar ustedes y sus familias. Los estamos espiando y sabemos donde viven. Comando Muerte".
VENEZUELA: El ejercicio de la libertad de expresión estuvo expuesto a muy graves peligros en este período. Padeció violaciones que comprometen la vigencia de la democracia y del Estado de Derecho.
De sus conocidos insultos, agravios e intimidaciones contra los editores y los comunicadores sociales y hechos públicos en cadenas semanales de radio y de televisión, el presidente Hugo Chávez ha transitado hacia una fase de incitación sistemática al odio e instigación directa a la violencia popular contra los periodistas.
El Tribunal Supremo de Justicia dictó su Sentencia 1013 para proteger las incitaciones presidenciales. Hoy es considerada como base ideológica y normativa del proyecto para amordazar a la prensa por parte del Estado.
La mayoría de los medios televisivos y de la prensa escrita de Caracas están siendo invadidos por los ejércitos gubernamentales de cobradores de impuestos y contribuciones, más con un propósito de represalia que de ordenación en las cuentas fiscales del Estado.
El 13 de marzo, la Agencia oficial del Estado, envió a los medios una información en donde señalaba que el Gobierno, de ahora en adelante, llamará narcoperiodistas a todos aquellos contrarrevolucionarios que trabajan en los medios.
Después de los recientes disturbios la SIP está a la expectativa de lo que ocurra para emitir una resolución sobre la situación de la prensa y de la libertad de expresión en este país suramericano.
ARGENTINA: Cuando el creciente malestar social produjo la renuncia del ex presidente Fernando De la Rúa y se comenzaron a producir expresiones callejeras se han sucedido las agresiones, amenazas e intimidaciones contra periodistas.
La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina denunció que "desde el comienzo de los cacerolazos, los trabajadores de prensa, y entre ellos de manera especial camarógrafos y reporteros gráficos, fueron víctimas habituales de la brutalidad policial".
COSTA RICA: La Asamblea Legislativa costarricense, derogó recientemente el desacato del Código Penal, con lo cual se penaliza la expresión ofensiva dirigida a un funcionario público. La Comisón Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA mostró su complacencia por esta decisión.
Fuente: Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)/Marzo 2002
