El Acuerdo Municipal N.° 316, aprobado el 13 de octubre de 2026 y promulgado en Gaceta Oficial el 30 de octubre, continúa vigente en el Distrito Capital y mantiene bajo alerta a los propietarios de inmuebles colindantes con las calles, quienes deben costear con fondos propios la adecuación de las aceras y la elaboración de planos técnicos, advirtió la abogada Berlisa Arosemena.
Tras sostener una reunión con el equipo técnico de la Dirección de Planificación Urbana del Municipio de Panamá, Arosemena señaló en Nex Noticias que, aunque los funcionarios manifestaron apertura al diálogo y aseguraron que su intención no es acorralar ni multar a la ciudadanía, el texto aprobado opera actualmente como una "espada de Damocles" mientras el Concejo Municipal no suspenda sus efectos.
Costos de planos, plazos cortos y multas acumulables del artículo 52
Uno de los puntos más críticos señalados por la jurista radica en el artículo 52, que establece un esquema sancionatorio acelerado para los dueños de propiedades:
Luego de una inspección municipal y la entrega de una boleta de citación, el propietario dispone de 5 días hábiles para presentar planos; una vez aprobados, cuenta con 30 días calendario para ejecutar la obra, prorrogables por otros 30 días.
Cada incumplimiento en las tres etapas o periodos previstos acarrea una multa casi inmediata de $5,000, cifra que al acumularse puede alcanzar los $15,000.
Según los cálculos compartidos por Planificación Urbana durante el encuentro, adecuar una acera puede costar alrededor de $600,, manteniendo un retiro de 1.50 metros en áreas consolidadas en lugar de 1.80 metros, pero el ciudadano debe asumir adicionalmente el pago del plano, cuyo valor puede terminar superando el costo de la propia construcción.
Demandas en la Corte y propuestas de ajuste al Concejo
En el plano jurídico, el acuerdo ya enfrenta una demanda de nulidad interpuesta por el diputado Cedeño ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), principalmente por el carácter retroactivo que desconoce permisos de construcción previos.
No obstante, debido a que esos fallos toman tiempo, Arosemena planteó ante el Municipio una serie de modificaciones concretas y respaldó que el propio Concejo Municipal, donde el representante de Parque Lefevre, Rody Rodríguez, pidió suspender la totalidad de la norma, apruebe al menos la suspensión parcial de los artículos más lesivos (como las multas de $5,000 y el uso de retiros sin compensación):
Exigir en el corto plazo únicamente el despeje de obstrucciones en áreas de alta circulación peatonal como escuelas, hospitales y paradas de buses, en lugar de imponer obras uniformes en barrios residenciales o viviendas ubicadas sobre colinas.
Reconocer las aprobaciones urbanísticas anteriores y otorgar plazos de defensa a quienes adquirieron inmuebles con modificaciones realizadas por dueños previos.
Diferenciar el monto de las multas entre una vivienda unifamiliar, un pequeño comercio y un gran establecimiento comercial.
Finalmente, la abogada explicó que, si bien el Municipio fundamenta la obligación ciudadana en los artículos 1316 y 1317 del Código Administrativo, una norma de hace casi un siglo, y ejerce competencias de ordenamiento local amparadas en la Ley 106 de 1973 y la Ley 6 de 2006 exclusivamente dentro del Distrito Capital, resulta indispensable adecuar las reglas a la realidad económica y urbanística actual.