Ante los últimos acontecimientos que rodean el proyecto de Barro Blanco, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) insiste en la necesidad del diálogo y el respeto a la seguridad jurídica
Los gnäbes y buglés solicitan que el proyecto hidroeléctrico sea demolido, luego de tener un avance de 95%.
La Cámara de Comercio insistió en la necesidad del diálogo como solución al conflicto, que conllevó ayer al cierre de la vía Interamericana y otras calles en la provincia de Chiriquí, así como en la busca de consensos en el marco del respeto de los principios de legalidad y seguridad jurídica de las inversiones.
“Rechazamos el uso de estas medidas anárquicas como mecanismo para imponer posturas que transgreden los derechos ciudadanos. Instamos a las autoridades a que hagan cumplir la ley y que se respeten las garantías constitucionales, como lo es la libertad de tránsito”, manifestó Carlos Fernández, presidente de la CCIAP.
Fernández expresó su preocupación en torno al cierre de la vía Interamericana, por la relevancia de esta ruta.
“Esto conlleva un costo millonario en pérdida de bienestar para la población, de competitividad para el país y de productividad para los trabajadores y estudiantes”.
“Cada hora transitan entre 1,800 y 4,500 vehículos, incluyendo buses colegiales, camiones de mercancía hacia y desde Centroamérica; los productos que provienen de las provincias a la ciudad de Panamá, ambulancias y camiones de bomberos, turistas y trabajadores, y muchos otros que se ven afectados por esta intransigencia”, argumentó Fernández.
De igual forma, el dirigente instó a los concesionarios de Barro Blanco a que, por medio de su programa de responsabilidad social, encuentren los mecanismos para brindar apoyo a la comunidad.
“Apelamos a que se logren con prontitud los acuerdos que permitan que el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco culmine con éxito en beneficio del país”, comentó. “Sugerir la suspensión de un proyecto que mantiene más del 90% de avance es un exabrupto que se aleja de cualquier punto de consenso”, agregó.
“El dinero es nervioso. Estamos enviando las señales equivocadas a inversionistas y entidades financieras, sin considerar que hay un plan de inversión ambicioso, que necesita la colaboración del sector privado”, enfatizó el presidente del gremio.
- 1,800 a 4500 vehículos transitan desde y hacia Centroamérica, por lo que afecta el cierre de la vía.
- 15 de junio fue el plazo dado por los indígenas al Gobierno para que cancele el proyecto.
- 130 millones de dólares, aproximadamente, es el costo del proyecto.
