El juicio mediático que ha causado el reciente fallo del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que anuló gran parte del expediente sobre los radares, ha motivado una serie de diligencias emprendidas por el Ministerio Público contra personas que ya han sido liberadas por fianzas de excarcelación, así como con otras que gozaban de medidas cautelares como país por cárcel.
Esta nueva arremetida, según analistas consultados, busca de una forma u otra, hacer presión a los jueces y magistrados para que no se detengan en los tribunales estos procesos, a pesar de que puedan contener fallas administrativas o procesales.
Y es que, a pesar de que la Corte Suprema haya sido acusada por sus actuaciones y dilataciones, para dirigentes de gremios abogadiles, como el Colegio Nacional de Abogados (CNA), la decisión sobre los radares fue apegada al derecho.
El presidente del CNA, Dionisio Rodríguez, respaldó dicha decisión, alegando que se aplicaron normativas garantistas, la Constitución y el Código Penal, por lo que "el fallo es correctamente jurídico".
Además, advirtió que esa admisión hay que verla desde la panorámica jurídica, política y social, las cuales sirven para hacer un análisis objetivo.
A pesar de las críticas, Rodríguez recordó que la CSJ puede cambiar su criterio, creando lo que se llama jurisprudencia o la doctrina probable.
"Se rompe ese criterio de que no cabe", sostuvo el jurista, al mismo tiempo que lo único que le parece extraño es que no era una sentencia de segunda instancia, sino una apelación sobre un incidente de nulidad, que reitera que se dieron una serie de extractos de elementos jurídicos para determinar la decisión final redactada por la magistrada Ángela Russo.
Afirmó que este fallo debe verse positivo desde el punto de que sea una aplicación general para todos los casos que se vayan dando ahora.
Es por ello, que es un mensaje a los abogados de este país para que empiecen a presentar amparos de garantías contra decisiones del Segundo Tribunal, porque la CSJ no va a poder negarlo bajo este concepto de este fallo. "Marca precedente para todos los panameños", dejó claro.
Por otra parte, el abogado Roberto Troncoso aseguró que el éxito de la administración de justicia está en la "formación, integridad e independencia" de sus operadores y que de lo contrario, "fracasa".
En tanto, el PRD se pronunció contra la intromisión del presidente en las decisiones del Judicial.
"Permitir que el Ejecutivo determine la orientación de los fallos, afecta sensiblemente nuestro sistema democrático", advirtió el colectivo político.
Destacó que si el presidente Varela estima que se incurrió en alguna irregularidad sobre la actuación de algunos jueces o magistrados, lo que debe hacer es presentar la denuncia correspondiente y no lesionar la esencia de la doctrina de la separación de los poderes del Estado.
Acusan a Varela y Porcell de confesar ilegalidades
Luis Eduardo Camacho Castro, miembro del opositor Cambio Democrático (CD), advirtió que las denuncias que ha realizado sobre el manejo político de las instituciones de justicia y sobre las escuchas ilegales que realiza actualmente el Consejo de Seguridad han sido comprobadas por el propio presidente Juan Carlos Varela y la procuradora Kenia Porcell.
A su parecer, el mandatario evidenció su injerencia en las instituciones de justicia, al hacer amenazas públicas a los funcionarios del Órgano Judicial que no sigan avalando los abusos del Ministerio Público (MP).
Denunció que el expresidente Ricardo Martinelli, por solicitud de Varela y su Corte Suprema de Justicia complaciente, se encuentra hoy detenido en Estados Unidos con fines de extraditarlo a Panamá, pese a que no existe ninguna prueba documental o testimonial que le vincule de manera directa en las investigaciones por supuestas escuchas ilegales.
