El ataque del Gobierno a la libertad de prensa y expresión, a través de la investigación de la compra del Grupo Editorial Panamá América (Epasa), que emprende el Ministerio Público (MP), fue rápidamente captado por políticos y otros actores de la sociedad, que rechazaron en forma enérgica, la campaña de intimidación hacia los medios críticos de la gestión de Juan Carlos Varela.
Uno de los que puso en el tapete la dimensión de la amenaza que se cierne sobre este derecho humano fue al analista Ebrahim Asvat, quien comparó la situación con la de un Estado totalitario.
"-Donald- Trump y -Juan Carlos- Varela tienen algo en común, ambos quieren vivir sin medios de comunicación críticos; pronto en medios escritos quedaremos como Cuba. Allá solo Granma y aquí solo La Prensa", indicó.
En este sentido, el exmagistrado del Tribunal Electoral, Gerardo Solís, explicó que el ataque a Epasa tiene un trasfondo, que es "la mano peluda del Órgano Ejecutivo, que no quiere escuchar a la oposición, que está buscando cualquier medio, incluso los subterfugios legales para callar la verdad que todos queremos escuchar y de la corrupción gubernamental, a través del brazo poderoso del Ministerio Público para apoderarse de los medios".
La denuncia por la forma como se adquirió Epasa, en 2010, fue interpuesta por el abogado Jaime Abad, luego que el diputado Jorge Iván Arrocha, interlocutor de la bancada panameñista, revelara informaciones propias de los organismos de inteligencia del Estado, ante el pleno de la Asamblea Nacional, en momentos en que los diarios de esta empresa revelaban la vinculación de una sociedad mencionada en el escándalo de Odebrecht, con un familiar político del presidente del partido gobernante.
En tanto, el analista político, José Isabel Blandón no cree en lo esbozado por el Ministerio Público de que la investigación no va dirigida contra Epasa.
"Hay una intimidación para controlar los periódicos, provocar la venta y asumir su control, con un objetivo, limitar la capacidad de información que el panameño se merece", reflexionó.
Por su parte, el diputado perredista Iván Picota dijo que esta nueva acción de persecución solo se explica en que el Gobierno ha seguido cometiendo errores y existe un doble discurso en sus afirmaciones, pues debe entenderse que desea influenciar para evitar que se publiquen noticias contrarias a sus intereses.
Línea editorial
La investigación del MP motivó que dirigentes de los gremios periodísticos establecidos en el país, se acercaran a la Procuraduría General de la Nación para buscar una explicación.
A su salida, Eduardo Quirós, del Fórum de Periodismo, expresó que la procuradora Kenia Porcell les comunicó que las investigaciones no van a afectar la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a información de los ciudadanos.
Y son esos derechos, así como respetar la línea editorial de los medios que imprime Epasa, a los que se comprometió el MP en un comunicado, el pasado jueves, y que ayer le fueron recordados por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), organismo que ha seguido de cerca los ataques a Panamá América, Crítica y día a día, así como a otras empresas informativas críticas de la gestión gubernamental.
"Si bien la SIP es respetuosa del ejercicio de la justicia y se mantiene al margen del fondo del caso que investiga el Ministerio Público, lo instamos a que tal como fue señalado en un comunicado oficial, se garantice el respeto a la libertad de expresión y la línea editorial de los medios de comunicación", señaló su presidente Matt Sanders.
El periodista estadounidense confía en que el proceso judicial se desarrolle con imparcialidad y en total apego a las leyes y la Constitución.
Manifestación
Ayer, colaboradores del Grupo Epasa realizaron una protesta frente a la empresa para exigir que se respete su fuente de ingreso.
Al respecto, Gilberto Cruz, abogado de Epasa, explicó que los mensajes emanados en la protesta, es la postura de las 300 familias que dependen de la publicación de los tres periódicos del grupo.
"Seguimos trabajando, seguimos en un solo ideal, y vamos buscando que toda esta situación que se está manejando no sea ápice para que se intervenga y se silencie la verdad que se publica día a día en estos diarios", destacó.
50
mil dólares en alcances fiscales fueron emprendidos desde la DGI contra Epasa.
82
por ciento de consultados por Dichter & Neira, no cree que el Gobierno sea transparente.
