- 26 dólares es la reducción de la CBA dicha por el Gobierno.
Operativos no intimidan
- Un grupo de comerciantes asiáticos se resiste a las exigencias del decreto, entre ellas colocar los carteles de precios.
Conep
- Medida temporal
- La presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Elisa de Gómez, advierte que el control de precios debe ser una medida temporal, sin importar los resultados a la fecha obtenidos.
- Seguridad alimentaria
- Las medidas pueden llegar a tener incidencia directa en la seguridad alimentaria del país en el sector agropecuario y causar aumentos de precios por encima de la realidad, considera el Conep.
- Conversaciones
- El grupo declara a través de su presidenta que “seguimos tendiendo puentes para llegar a acuerdos que sean definitivos en el establecimiento de políticas públicas para la mayoría”.
Sanciones
- 23 de agosto fue la fecha del último informe elaborado por la Acodeco sobre las sanciones.
- 215 mil 50 dólares es el acumulado de sanciones desde que se iniciaron los operativos.
- 8,407 es la cantidad de puestos comerciales visitados por la Acodeco a nivel nacional.
- 86% de los comercios está sin anomalías según el informe, el resto (1,206) sí presentó.
Sorprendida está Saritza Guardia de que el costo de la canasta básica de alimentos (CBA) supuestamente haya reflejado una reducción de 7.7%, equivalente a 26 dólares con 45 centavos.
El porcentaje dado a conocer por el Gobierno, un mes después de que implementara el plan de control de precios en 22 productos de la CBA, no encaja en las “jugadas” financieras que hace Saritza para abastecerse de los productos de la CBA.
Como ella, un grupo de consumidores se preguntó ayer a través de un sondeo hecho por Panamá América dónde está la reducción a la que hace referencia la estadística proporcionada por la Secretaría de Comunicación del Estado. Según se informó, al cierre de julio el costo de la CBA se ubicó en $318.48.
“Primero hablaron de una devolución en el bolsillo de $58, que ahora es de $26. Que me digan dónde es ese ahorro, porque yo no lo veo”, cuestionó la ama de casa mientras terminaba de cancelar parte de su compra mensual en el Machetazo de San Miguelito. Contó que dentro de su limitado conocimiento en economía opta por hacer las compras por partes, en busca de que el dinero le alcance para lo básico.
El economista Juan Jované llamó a la primera medición del Gobierno “crónica de un fracaso anunciado”, basado en que “todo apunta a que el Gobierno no ha sido capaz de revertir la tendencia inflacionaria que se ha venido observado en los últimos años”.
Jované ilustra su análisis con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec) de que a “julio el conjunto de los precios de los alimentos y bebidas seguía superando en 1.3% a los observados en el mismo mes del año pasado. Esto significa que la política del presidente Varela ni siquiera ha logrado detener el incremento de los precios de estos bienes esenciales”.
Concluye el economista que, a pesar del esfuerzo, el Gobierno no ha logrado romper con los años de especulación, más cuando algunos precios no regulados siguen disparándose, a veces inaccesibles para los consumidores. Vaticinó que “la vuelta a tasas más altas de inflación se dará con mucha radicalidad una vez pase el llamado periodo de emergencia y se liberen los precios. Esta se verá agravada por la ausencia de una verdadera política de apoyo al productor”.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela, valoró la reducción de la CBA del 7.7%, comparado con el mes anterior, como “la más importante baja de los últimos 10 años”.
El mandatario se apoyó en los índices que se utilizaron para medir la evolución de los precios de los alimentos, como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que realiza la Contraloría General de la República, el costo promedio de la CBA que hace la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) y el Ministerio de Economía y Finanzas.
En declaraciones dadas a TVN, la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, intentó explicar la fórmula que se utilizó para que los consumidores palparan la reducción en el precio de la CBA.
Para eso, dijo, solo se tomaron en consideración las abarroterías, en las que, se cree, el 65% de la población hace sus compras. Para ese grupo los $58 debe ser una realidad en los próximos días. En cuanto al número de personas por familia que podrían palpar el beneficio, aclaró que será en familias compuestas por 3 a 4 personas.
Puso como referencia los estudios de la Acodeco, en los que ya se experimentó una disminución en las compras mensuales de $52. Según dijo, la diferencia responde al grupo de comerciantes asiáticos que se resiste al cumplimiento de la medida. “El 85% está cumpliendo”, destacó.
La funcionaria obvió referirse al resto de la población que hace sus compras mensuales en las cadenas de supermercados.
Recelo empresarial
En el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), las consideraciones sobre el plan piloto implementado por el gobierno de Varela desde el 7 de julio se mantienen en que el proyecto con el que se busca abaratar los precios de la CBA frena la libre competencia y distorsiona la asignación de recursos, porque los precios dejan de cumplir su función, “y es precisamente lo que se ha estado experimentando con esta iniciativa de controlar los precios de algunos productos, provocando escasez en el mercado local”.
La presidenta del SIP, Aida Michelle Ureña de Maduro, apeló a que el tema de la aplicación del control de precios tiene que mantenerse como una medida temporal. “Esto quiere decir que a su vencimiento como periodo de prueba no debe volverse a renovar. Entendemos que era un compromiso de campaña electoral, pero también por la premura del tiempo hubo algunos factores que no se pudieron tomar en consideración en ese momento”, dijo Ureña de Maduro, sin dejar constancia de que los efectos, como se busca, están a la vista.
Los apáticos resultados vistos por los consumidores y el SIP reciben un espaldarazo de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).
Allí, José Luis Ford, presidente del gremio, resalta que “siempre hemos dicho que la mejor forma es la competencia sana, la libre empresa, y la competencia es la que más da oportunidad al consumidor de comprar sus productos”.
A raíz de la queja tanto de empresarios como de consumidores sobre el método y efectos, Ford agrega que “hemos escuchado que algunos consumidores señalan que no están percibiendo ahorro, lo que podría generar mayor efecto. En la Cámara de Comercio hemos señalado que el consumidor debe cambiar su hábito de compra, es decir, agrupar productos y buscar en qué lugar están más baratos, para poder sentir si el precio está más barato”, concluye.
Giovanni Fletcher, del Instituto Panameño de Derecho de los Consumidores y Usuarios (Ipadecu), acepta que los efectos a los que hace referencia el Gobierno son tímidos, considerando que el control de precios parece que solo fue armado para el sector económico de menos recursos. “Para ese sector realmente hay testimonios de productos que antes estaban expuestos a la especulación, como el arroz”, declaró Fletcher.
