Las contrataciones directas que se pregonaron que se iban a minimizar en la presente administración no han cesado, a pesar de que fue uno de los temas de campaña del presidente Varela para hacerse con el poder.
A juicio del jurista y experto en contrataciones públicas, Ernesto Cedeño, los contratos directos se deben minimizar al máximo y, por el contrario, se deben fortalecer los procesos de licitación pública.
"En las contrataciones públicas, las compras directas pueden darse cuando no hay un proveedor adecuado o si se trata de un asunto de urgencia comprobable y que se requiera del bien o del servicio ". explicó el abogado.
Agregó que hacerlo para beneficiar a familiares hace pensar que las instituciones deben fortalecer más el principio constitucional de licitación que está en el artículo 266 de la Constitución de la República y establecer las especificaciones para las contrataciones directas.
Cedeño agregó que vale la pena destacar que la Corte, en reciente fallo, declaró inconstitucional las consultorías directas hasta $300 mil y los contratos de promoción publicitarios hasta $300 mil en el Gobierno y que se hacían de a dedo. Esta decisión se hizo con base en el principio de que se deben respetar los procesos de licitación pública.
Basado en eso, añade que los personeros del Gobierno deben honrar ese principio para que no generen suspicacia, máxime si hay contratos que tienen cierto grado de relación con algún funcionario que tiene un nivel de importancia dentro de la actual administración.
A destacar
Conciencia
En cuanto a que algunos funcionarios todavía utilicen las contrataciones directas, Cedeño destaca que es un asunto de conciencia de parte de las personas que administran la cosa pública.
Planificar
A juicio del jurista, las instituciones deben planificar mejor las cosas cuando van a adquirir un producto o servicio, para que no se les venga encima el tiempo y puedan en algún momento verse obligados a realizar contrataciones directas”, agregó el jurista.
Fortalecer
El jurista dice ser un convencido de que las autoridades deben siempre hacer licitaciones públicas.
