Los movimientos que se han dado en esta administración para, de una manera u otra, generar más recursos y mantener el poder político no solo han sido manejados con base en los intereses del Gobierno, sino que en ocasiones contravienen normas legales y hasta la propia Constitución.
Esto ocurrió con el presupuesto del Canal de Panamá.
Tras aprobarse en su forma original el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), todavía queda en el ambiente la pregunta de cuál era el verdadero interés de los diputados porque se aumentaran los aportes que le da la vía interoceánica al Estado.
También prevalece la premisa de que la bancada oficialista respondía a órdenes directas del Ejecutivo, lo que quedó reflejado en un mensaje escrito por la vicepresidenta Isabel de Saint Malo, que criticó los altos salarios en la ACP.
El pasado jueves, los diputados volvieron a insistir en una modificación al porcentaje que se asigna al Estado, de los ingresos que aporta el Canal.
Ante estas presiones, el analista político Cristóbal Silva sostuvo que "aquí todos los días se viola la Constitución y se ha propuesto hacer un llamado para cambiarla, pero el actual gobierno se basa en el presidencialismo y ejerce un control absoluto del poder judicial y el legislativo".
Algunos sectores han denunciado que se trata de maniobras del Gobierno para aumentar sus fondos, conforme se aproxime el proceso electoral de 2019, acaparando mayores recursos de instituciones descentralizadas, como la ACP.
Descentralización
Ante las críticas que generaron las asignaciones de partidas a los diputados, pareciera que el nuevo botín para el clientelismo político estaría en las alcaldías y juntas comunales tras la aprobación de la descentralización estatal para lo que se asignó lo recaudado del impuesto de bien inmueble.
Este tema fue objeto de un largo debate, que llegó a su clímax con el Decreto 130 del 6 de junio de 2017 sobre actualización catastral.
El rechazo no se hizo esperar, e instituciones como la Universidad de Panamá consideraron que el decreto se extralimitaba, al permitir al Estado, el reajuste del valor catastral de las propiedades.
Al final, el Gobierno tuvo que suspender y, posteriormente, eliminar el polémico decreto y, en su defecto actualizar el impuesto de bien inmueble y aclarar puntos discordantes, mediante el proyecto 509, que está en espera de sanción por el Ejecutivo.
Sobre este particular, Silva consideró que "el Gobierno Nacional está en la necesidad de más recursos porque quieren descontar de todos lados para obtenerlos para política y necesita hacer clientelismo".
Injerencia
El exmagistrado de la Corte Suprema Jerry Wilson dijo en Radio Panamá que existe un retroceso de la institucionalidad, la que se viene "resquebrajando en forma peligrosa".
Según Wilson, no hay claridad en cuanto el principio de la separación de los órganos del Estado, que es un pilar fundamental que sostiene la estructura del Estado panameño.
Las declaraciones del jurista se refieren a otra de las acciones del gobierno panameñista que ha sido fuertemente cuestionada, la cual es su injerencia en los otros órganos del Estado.
El propio copartidario de Juan Carlos Varela, Ramón Fonseca Mora, reveló que la reelección de José Ayú Prado en la Corte Suprema fue lograda mediante la intervención del Ejecutivo, ya que era una figura "manejable", que hoy pretende un nuevo periodo.
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millones de dólares serán los aportes directos de la ACP al Estado en 2018, que pretendían aumentar los diputados.
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nuevos magistrados nombrará Varela en la Corte Suprema para el período 2018-2027.
