La custodia de los bienes cautelados de quienes son investigados, principalmente por delitos de lavado de dinero, se ha convertido en una carga muy pesada para el Ministerio Público.
Así lo admitió la procuradora general de la Nación, Ana Belfon, quien puso este tema como una de las principales prioridades en su gestión al frente del Ministerio Público, la cual culmina el 31 de diciembre.
Esta realidad se puede apreciar a simple vista. Solo hay que pasar por algunos de los tres centros de custodia del Ministerio Público para constatar que estos terrenos no aguantan que se coloque un artículo más.
Terrenos aglomerados de autos y de otros artículos que, prácticamente, están unos encima de otros, condenados al deterioro.
La jefa del Ministerio Público lo reconoce y sus declaraciones van mucho más allá, al considerar que esta situación debe causar disgusto para quienes han sido absueltos y luego de ir a buscar sus bienes se dan cuenta de que ya no funcionan.
En los tribunales existen muchas denuncias de este tipo, pero al final quedan archivadas, porque existe un limbo jurídico que no establece responsabilidades para los funcionarios del Ministerio Público encargados de realizar esta custodia.
Luis Santamaría, abogado litigante, constantemente tiene que ver cómo a sus clientes que salen absueltos no les queda de otra que agarrar lo que les entregan, con suerte, porque en otros casos solo se limitan a decirles que sus autos o demás bienes muebles se han perdido.
La razón de esta realidad se debe a que los expedientes hacen alusión de los bienes, pero no hay nadie que pueda dar seguimiento para poder saber dónde están custodiados.
Los centros de custodia con que cuenta en estos momentos el Ministerio Público están en la Avenida Juan Pablo II, en la ciudad capital; Villa Lucre, distrito de San Miguelito; y Las Mendozas, en La Chorrera.
Belfon asegura que al menos en los casos que han entrado al Ministerio Público en estos dos años que ha estado al frente de la institución, se han ideado los protocolos para evitar que el problema crezca, pero la situación tiene un arrastre de vieja data que, reconoce, es difícil de resolver en estos momentos.
La construcción de un nuevo patio de custodia y la creación de una ley para establecer una instancia judicial que atienda de manera paralela los bienes cautelados, es la respuesta inmediata que ha proyectado Belfon para atender el problema.
Sin embargo, es poco el tiempo que le queda al frente del Ministerio Público.
La primera de estas acciones podría estar lista este mes de noviembre, según reveló una fuente dentro de la institución, pero la otra medida ya no podrá estar lista para este año, porque requiere de una ley que ni siquiera ha sido discutida en primer debate en la Asamblea Nacional.
Mientras, las quejas sobre centros de custodia, como el de Las Mendozas, están a la orden del día.
A juicio del abogado Santamaría, el solo hecho de llevar los vehículos a ese lugar es prácticamente llevarlos al deterioro, por las malas condiciones que tiene la vía de acceso, la cual cuando llueve se vuelve intransitable y solo pueden circular autos de doble tracción.
Explicó el abogado que el lugar está a una hora de la vía principal de la comunidad y cuando llueve, la carretera, que es de tierra, se convierte en un lodazal, casi imposible de transitar.
El problema es mayor cuando a los propietarios de los vehículos les tocar recibir sus bienes y se enteran de que no pueden moverlos porque les hace falta la batería o alguna pieza necesaria para su funcionamiento.
“Los autos entran prácticamente nuevos, pero cuando se reciben muchas veces no tienen llantas y sus puertas y ventanas están vandalizadas”, dijo Santamaría.
Intentamos realizar una visita a los centros de custodia del Ministerio Público para hablar con los funcionarios encargados, pero fue infructuosa.
La razón es que las autoridades están organizando el proceso de apertura de un nuevo centro de custodia.
Mientras tanto, llueven las quejas, por lo que es calificado como un mal manejo de los bienes en el centro de custodia del Ministerio Público.
Carlos, quien prefirió reserva de su identidad, fue enfático al cuestionar el hecho de que en su caso su bien nunca apareció, pese a que en el expediente estaban descritas las generales del auto.
Para esta persona, quien fue investigada por delitos relacionados con droga, al ver que su vehículo no aparecía, decidió investigar por su cuenta, y se encontró con una historia de terror.
Por alguna razón, su carro apareció en un accidente de tránsito y quedo pérdida total, sin que se diera a conocer cuál fue el paradero final de este bien.
La procuradora Belfon reconoce que sin las herramientas legales necesarias para poder ponerle freno a esta situación, que califica como un problema de vieja data, no se podrá controlar.
A pocos días para que culmine su labor como procuradora, Belfon presentó en la asamblea el proyecto de extinción de dominio.
