La Asamblea Nacional (AN) inicia un nuevo periodo arrastrando una imagen cuestionada, al ser señalada local e internacionalmente como un parlamento carente de transparencia y sumiso al Gobierno de turno.
De hecho, el más reciente informe de la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa ubica a la Asamblea Nacional de Panamá entre los 5 parlamentos menos transparentes de la región.
Y aunque es la primera vez que se mide a Panamá en este estudio de 13 países (que se realiza desde el año 2012) la AN ya deja mal representado al Istmo.
Bajo el control del Oficialismo, la actual administración de la Asamblea Nacional - que funciona bajo una ambigua alianza entre el PRD y el panameñismo- quedó en el noveno puesto de esta medición, apenas logrando superar a países como Venezuela o Bolivia, donde hay serias denuncias de corrupción política.
Al respecto, Panamá América intentó obtener una reacción del diputado presidente de este Órgano del Estado, Rubén De León, pero no atendió las llamadas a su celular.
Entre los puntos que causaron la mala calificación está la ausencia de normativa que obligue la divulgación oportuna de los temas que se tratarán en el Pleno.
También la poca información sobre presupuestos y detalles pormenorizados del uso de fondos públicos en la administración.
De igual forma, la ausencia de una política de nombramiento de personal por concurso o por mérito profesional.
"Y de los 'donativos' que aprobaron no se sabe nada; nadie da información, todo es un misterio", lamentó el abogado Ernesto Cedeño.
"Prácticamente, la dirigencia de esta Asamblea está divorciada del pueblo que los empoderó", agregó el jurista.
Según Cedeño, si este órgano del Estado tiene reales intenciones de mejorar la transparencia en este 2017, su presidente Rubén De León debe partir por ordenar una reestructuración al sitio web oficial.
"Deben poner -sugiere Cedeño- la suma de los donativos y subsidios que han dado e informar cuánto gastan los diputados en las misiones oficiales".
Y cumplir con la promesa de mejorar otro de sus puntos flacos: el ausentismo de los principales.
2,452
miembros de entidades gubernamentales recibieron cortesía de sala en las comisiones permanentes.
1,190
representantes de agrupaciones de la sociedad civil.
3
visitas diplomáticas.
