Defensoría del Pueblo investiga supuestas esterilizaciones sin consentimiento en Bocas del Toro

La Defensoría del Pueblo inicia una investigación, desde el ámbito de los derechos humanos, por la denuncia de supuestas esterilizaciones sin consentimiento en comunidades en Bocas del Toro.

La defensora adjunta atenderá las denuncias, y han solicitado a la diputada Walkiria Chandler D'Orcy los detalles de las mujeres supuestamente afectadas, confirmó el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González..

Igualmente, la entidad ha girado nota a los hospitales de la región, y este lunes se trasladará a estas áreas una comisión encabezada por el defensor del Pueblo, la defensora adjunta, el director de Protección de Derechos Humanos, y unidades especiales.

Leblanc insistió que es una denuncia muy delicada, que trasciende fronteras y un retroceso enorme como país de llegarse a comprobar un hecho.

La denuncia que hizo pública la diputada suplente Walkiria Chandler estaría violando la Convención de Belém do Pará, convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, indicó el defensor del Pueblo.

De confirmarse la situación, la Defensoría del Pueblo interpondrá ante la Procuraduría General de la Nación las denuncias penales correspondientes, y a través de la vía internacional, ante el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y ante la alta Comisionada de las Naciones Unidas para que mande lineamientos internacionales hacia la República de Panamá, confirmó Leblanc González.

Más de una decena de mujeres habrían sido esterilizadas en comunidades como Charco la Pava y áreas aledañas en la provincia de Bocas del Toro bocas del Toro en los hospitales, denunció la diputada suplente Walkiria Chandler en la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia.

Chandler abordó, sin éxitos, a la viceministra de Salud, Iveth Berrío, durante la comperencia de las autoridades de Salud por casos de leishmaniasis en esta región.

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La diputada insistió en que se tratan de mujeres de grupos originarios que se trasladaron a hospitales a dar a luz, y fueron esterilizadas sin su consentimiento.

Activistas de Derechos Humanos han pedido un manejo profundo y prudente del caso para evitar la posible revictimización de las supuestas víctimas.

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