Denuncia criminal por la intervención en isla Boná

Los ministros de Ambiente, Salud, Economía y Finanzas, el contralor de la República, el alcalde de Taboga y el representante legal de la empresa Bona Pacific Corp. y otros que forman parte del Consejo Económico Nacional (Cena), tienen una denuncia criminal por haber aprobado el proyecto de construcción de una terminal de petróleo de alto calado en isla Boná.

La isla Boná es la última que queda como refugio de vida silvestre de aves marinas y migratorias, según explicó el abogado Donaldo Sousa Guevara, presidente de la Asociación de Derecho Ambiental, quien está tratando en conjunto con otros ambientalistas, de salvar la isla.

Según Sousa, la denuncia se fundamenta en la violación flagrante del ordenamiento jurídico del país, en particular del capítulo sexto de la Constitución Nacional, y otras normas, como el artículo 64 de la Ley General de Ambiente que establece que es prioridad defender los sitios singulares de la vida silvestre de la República, "y ellos están haciendo todo lo contrario".

"Van a hacer un negocio. Lo que deben es proteger el ambiente de la República. La isla Boná es la última que queda como refugio de la vida silvestre de aves marinas y migratorias", planteó.

Para los ambientalistas existe un precedente de luchar contra fuertes poderes económicos, tal fue el caso de isla Melones, en donde se construyó una terminal para el almacenamiento y venta de productos derivados del petróleo, y no quieren que pase lo mismo con Boná.

"En isla Melones nos opusimos, pero no logramos el movimiento que hay ahora. Hay muchos jóvenes que no están dispuestos a que se siga haciendo lo que les da la gana, sobre todo el Gobierno y empresarios sin ningún escrúpulo", puntualizó Sousa.

La empresa Bona Pacific Corp. pretende desarrollar un proyecto, el cual es considerado como un atentado a la vida animal y silvestre del país.'

Boná será utilizada por 20 años, a un costo de $1.7 millones, que será revisado cada cierto tiempo.

La empresa se defiende aduciendo que su estudio de impacto ambiental categoría 3, incluye medidas de mitigación y compensación a las 18 hectáreas que se van a intervenir.

En teoría, la idea de la terminal de petróleo nace de la Estrategia Logística Panamá 2030, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la cual señala la necesidad de aprovechar la ruta del Canal ampliado para la diversificación de las actividades locales.