Claves
- Control
- 22 productos tienen precios controlados. El comerciante tiene la obligación, según el decreto, de ofrecer una marca distinta en caso de que haya desabastecimiento de una marca. El resto de los productos están bajo vigilancia.
En las comunidades más apartadas y necesitadas del país, la promesa que cita el plan de gobierno de Juan Carlos Varela, de que el arroz, porotos y carne estarían al alcance de todos, no ha llegado.
Allá a 25 kilómetros del centro de la recién creada décima provincia, tierra adentro, Valentina de Rivera escuchaba al presidente Juan Carlos Varela decir estamos logrando una reducción de $58 en el costo de la canasta básica familiar de alimentos, lo que va a favorecer especialmente a la población que compra en las abarroterías o tiendas de barrios”.
El anuncio que dio Varela a pocas horas de ser presidente provocó en doña “Tina”, como le llaman, un sentimiento esperanzador. Atrás quedarían los sacrificios de hacer largas filas en el parque Libertador de La Chorrera para comprar arroz más barato. Con una tienda a menos de 25 metros de su hogar, no habría razón de rebuscar el grano de mayor consumo.
Sin embargo, la esperanza de doña “Tina” se fue desvaneciendo al pasar de los días porque los $58 dólares prometidos por Varela no han llegado a su bolsillo, pues el arroz lo sigue comprando al mismo precio, y el resto de los productos con precios controlados no están a la vista en ninguna de las tres tiendas que surten a la comunidad rural donde vive.
La Florida, instalada en la ribera del río Trinidad, en Capira, los 525 pobladores que componen la comunidad se quejan de lo caro que están las cosas en las tiendas. Por acá nadie es asalariado como para ir al pueblo a buscar las cosas. La esperanza era que las tiendas cumplieran con la medida para uno comprar sus cositas, pero nada de eso ha pasado, se quejó Valentina.
Mientras doña “Tina” expresaba su pesar, en la capital los reportes oficiales la contradecían. El administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Pedro Meilán, y el ministro de Comercio e Industrias, Melitón Arrocha, en conferencia de prensa dijeron que desde el 14 de julio, cuando se empezaron a aplicar las sanciones por el incumplimiento del decreto, se contabilizó que el 77% de los comercios visitados (1,272) en las áreas urbanas cumplían con la disposición ejecutiva. El reporte aseguraba que la población había palpado la diferencia en sus compras quincenales y que los comercios poco a poco se adaptaban al decreto.
Pero no solo Valentina se quejó de la situación, Marcelina Sánchez, otra de las lugareñas de La Florida, dijo que no entiende la medida. Vayan a las tiendas para que vean que ninguna tiene productos baratos. ¿Si la ley es para todos, no entiendo por qué no se aplica acá?, cuestionó.
Para Valentina la medida implementada por el gobierno central solo fue pensada para la gente de la capital; porque para los que viven en el campo la realidad es otra.
Por acá el producto que más se consume es el arroz para la cena, y a ese precio (regulado) no se consigue”, sin reparo comentó Marcelina.
Lo cierto es que esta situación tiene dos caras. Los dependientes de las abarroterías del lugar muestran la suya y confiesan que entienden las molestias de sus clientes-vecinos, pero argumentan que la decisión del Gobierno fue tomada sin pensar en los comerciantes que no están en el centro de la ciudad y que tienen que pagar transporte para trasladar los productos.
En la abarrotería Alonzo, con una inversión que raspa los mil dólares, las ganancias diarias con suerte alcanza los $20. El administrador del negocio, Inocencio Alonzo, contó que ante la presión de los clientes se las ingenió para rebuscar entre los proveedores siete de los 22 productos que incluye la lista y aún así están caros, dijo.
Se hace por cumplir, pero no representa ganancia alguna mientras los proveedores no bajen los costos de los productos incluidos, relató. Como ejemplo, Alonzo citó que el quintal de arroz lo compra a $38 para vender a 40 centavos libra. Los $2 de ganancia por quintal se las juega entre el pasaje que paga para transportar la carga desde La Chorrera hasta la comunidad de La Florida. Si al menos los proveedor llegaran hasta acá, la cosa sería distinta. Hago lo que puedo. En el caso del pollo, si el cliente lo pide entero, lo vendo al precio establecido, pero si es por libra, a $1.35, compartió.
Trinidad Alonzo y Mena Smith de las tiendas Karina y Yulieth, respectivamente, optaron por no vender los productos. Prefieren cerrar antes que irse a la quiebra por un decreto que en nada les genera beneficios.
Es como un castigo a nosotros que siempre hemos apoyado a la gente suministrándole parte de los enseres. Les he hablado claro del porqué acá no se puede vender a esos precios, contó Mena.
En la comunidad de La Arenosa, de La Chorrera, con una población fija de 150 personas y dos abarroterías, la queja es la misma. “En los 40 años que tengo en el negocio que me permitió educar a mis seis hijos, no había visto algo tan descabellado”, manifestó en tono molesto Gilma Rodríguez. “Nunca pensaron en que el precio controlado en áreas rurales sería imposible por el tema de transporte”, destacó.
Para Teodolinda Navas, ama de casa en La Arenosa, no importa si se controla o no el precio de los productos, pues la mayoría de los que están en ese listado no se consume en el campo.
El desencanto y preocupación entre consumidores y pequeños comerciantes es el reflejo del resto de las comunidades rurales donde habitan 1,189,254 personas, que según el censo de 2010 residen en regiones apartadas. Para ese grupo de familias, los productos de consumo diario son el arroz, café, azúcar, aceite y sal. De esos solo el arroz aparece con precio controlado, en estos puntos.
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