La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) se pronunció ayer ante la inestabilidad política que vive el país, y envió un llamado directo al presidente Juan Carlos Varela para que "retome su mandato constitucional y realice lo antes posible" las designaciones de dos magistrados, cuyas ausencias mantienen en el limbo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El arrastre de la mora judicial de la Corte se agrava con esta dilatación.
"Dilatar estas designaciones no le conviene al país por el clima de zozobra que se genera", advierten los empresarios.
De igual forma, exhortan al Ejecutivo a que "escuche el clamor del pueblo panameño" y elija profesionales del derecho que realmente tengan "independencia, probidad y experiencia que requiere la administración de justicia, a fin de devolverle a la ciudadanía algo de la confianza en ese recinto".
En un planteamiento desarrollado en 7 puntos, el sector privado condensa su "preocupación" ante el panorama actual del país, y exige "el fortalecimiento de nuestras instituciones".
Le recuerda al Gobierno de Varela que un buen ambiente político atrae la inversión extranjera, la generación de empleos y estimula el crecimiento de nuestra economía.
Concluye pidiendo a las autoridades retomar su rol para "mantener la gobernabilidad y la tranquilidad social que los ciudadanos merecen".
Corte a la deriva
Pero el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, confirmó ayer que el Ejecutivo no tiene prisa.
"El presidente ha sido claro; él se va a tomar su tiempo, va a esperar a que pasen los Carnavales y luego hará las evaluaciones correspondientes", dijo ayer, a su salida de la Asamblea.
Esta nueva dilatación parece ser la estrategia del Gobierno para tratar de calmar las aguas políticas, luego de su primer revés en la Asamblea, donde sus candidatas para magistradas a la CSJ, Ana Tovar y Zuleyka Moore, fueron rechazadas de manera contundente con 52 votos en contra y solo 18 a favor.
Mientras el Gobierno toma tiempo para asimilar la derrota, la Corte Suprema de Justicia pasa a modo automático.
La máxima corporación de justicia se vio obligada a designar una junta directiva interina sin capacidad para tomar decisiones relevantes, denunció Dionisio Rodríguez, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA).
Acosado por el artículo 74 del Código Judicial, el magistrado José Ayú Prado prefirió renunciar y no ser presidente más allá del plazo que establece esta norma (mes de enero).
En su lugar se designó de manera interina al magistrado Hernán De León, mientras se elijan los reemplazos de Oydén Ortega y Jerónimo Mejía.
El presidente del CNA recordó que después del 31 de diciembre de 2017, Ayú Prado no tomó ninguna decisión. Y ahora, "un presidente interino tampoco tomará decisiones beligerantes por temor a que va a venir un nombramiento".
La situación es grave. No hay decisiones sobre presupuesto, designaciones, carrera judicial ni del proceso penal acusatorio.
Así lo resumió Dionisio Rodríguez: "Si la justicia estaba antes agonizante, ahora está tirada y postrada en el suelo, sin moverse".
En declaraciones a Panamá América, el presidente del CNA dijo que "la justicia panameña navega por aguas, sin un control específico y sin un capitán".
Lo peor, advirtió Rodríguez, es que si el Ejecutivo no retoma las consultas con el Pacto de Estado por la Justicia, sus nuevas designaciones serán otra vez... "crónica de una muerte anunciada".
