Accesibilidad
- Los que tienen movilidad reducida no salen, no porque no quieren, sino porque no pueden. No hay aceras, ellos no pueden ir al cine y les gusta, pero no tienen cómo subir.
- Omaira De León de Watson
- Periodista no vidente
- 8.5 millones de dólares fue el presupuesto aprobado para Senadis en 2013.
- 3.5 millones de dólares del presupuesto total corresponden al renglón de inversión.
Las personas con discapacidad pasan doble problema en Panamá. El primero es debido a sus padecimientos de salud y el segundo es el enfrentar a una sociedad que ignora el proceso de inclusión.
Aunque en los últimos catorce años, al menos cuatro leyes han sido aprobadas para regular las políticas públicas en favor de las personas con discapacidad, las cifras sueltas entre cada institución revelan la principal carencia, la falta de un censo, lo que resulta en serios problemas de infraestructuras y señalizaciones adecuadas para distintos servicios públicos.
Aceras en mal estado, falta de semáforos audibles, rampas y espacios para sillas de ruedas en sitios de entretenimiento son algunas barreras de accesibilidad que todavía encuentran. Y tal parece que los demás límites, dentro del campo laboral y de educación, sobre todo a nivel universitario, también están originados en la escasa accesibilidad.
Solo 39 inclusiones laborales registró el departamento de estadísticas del Ministerio de Trabajo (Mitradel) entre enero y febrero de 2013. Y de estas, 12 corresponden a plazas de empleos logradas por mujeres con discapacidad. En comparación con el resto de los contratos regulares a nivel nacional, los que corresponden a inclusión tienen una cifra muy inferior. Durante este mismo periodo, Mitradel registró 41 mil 89 contratos a nivel nacional entre contratos definidos, indefinidos y por obra determinada.
El director de la Secretaria Nacional de Discapacidad (Senadis), Ramón Alemán, comenta que hay casos de personas con discapacidad que logran un trabajo, pero deben retirarse por la falta de accesibilidad. Entre otros casos, menciona la falta de adecuaciones en los baños.
En materia de educación, la discapacidad enfrenta otro fenómeno que fue bien demostrado en 2006, cuando fue realizada la Primera Encuesta de Discapacidad (Pendis). Los resultados indicaron que la escolaridad de las personas con discapacidad es mayor durante la escuela primaria y secundaria que durante la universitaria.
De 291 mil 812 personas que respondieron a esta encuesta, 129 mil 812 indicaron que tuvieron educación primaria, otros 86 mil 818 tuvieron educación secundaria y apenas 27 mil 293 son personas que lograron estudios universitarios.
Conocer este mismo balance en la actualidad es una hazaña, porque cada institución mantiene sus registros y en otros casos están incompletos.
El Ministerio de Educación, que mantiene la base de datos de la escolaridad primaria y secundaria, registra8 mil 884 estudiantes con discapacidad matriculados en 2012, mientras que en el primer trimestre de 2011 registró 9 mil 719 estudiantes.
En la Universidad de Panamá, hasta el momento, la cifra es una gran incógnita.
Yorbalinda Velasco, directora de la oficina de Equiparación de Oportunidades de la Universidad de Panamá, asegura que hay registros, pero no de todas las personas con discapacidad, y será en el segundo semestre de este año lectivo cuando por primera vez los formularios de matrícula tendrán un espacio para que los estudiantes den a conocer si padecen alguna discapacidad.
En la Universidad Tecnológica de Panamá, donde sí existe un formulario de matrícula que registra la discapacidad, aunque se solicitó, no fue brindada la información.
Omaira De León de Watson sabe bien qué significan estos límites. Mientras comienza a explicar el porqué, su celular suena. Un timbre que no es corriente es el que alerta la llamada. Es una voz de estilo robótica que sale del aparato y que le avisa el nombre de quien la está llamando, porque ella no lo puede ver.
Hace seis años perdió la visión y hoy forma parte de un aproximado de 80 mil personas que, según la encuesta Pendis, padecen discapacidad visual.
La retinopatía no le impide continuar con su pasión de trabajar como periodista. Utilizando un programa especial para su computadora y su celular, ella puede desempeñar sus labores y relaciones interpersonales.
Cada día, acompañada de su esposo, llega y sale de su trabajo en carro. Sube y baja la empinada escalera de la oficina de Relaciones Públicas de Senadis con la ayuda de su bastón y camina por las aceras de su casa con apoyo.
Pero fuera de la oficina y del entorno de su residencia, Omaira halla que las personas como ella corren muchos riesgos. Sin contar con semáforos audibles y al menos la tendida de manos de alguien en las calles, las personas no videntes tienen en estas las primeras limitaciones para transitar tanto en la ciudad como en el interior.
Similares limitaciones pasan otras personas con discapacidades motoras y físicas. Para las personas que usan sillas de ruedas, ir al cine queda en un deseo. “Actualmente los que tienen movilidad reducida o en silla de ruedas no salen, no porque no quieren, sino porque no pueden. No hay aceras, ellos no pueden ir al cine y les gusta, pero no tienen cómo subir. No pueden entrar a restaurantes porque no tienen rampas”, explica Omaira.
Estos problemas de accesibilidad que menciona Omaira inciden directamente en las políticas de inclusión en los asuntos básicos de empleo y educación.
Aunque, Alemán, director de Senadis, menciona iniciativas de otras instituciones que favorecen la sensibilización sobre la discapacidad, por ejemplo la inauguración de tres “rutas de accesibilidad” en Las Tablas y San Miguelito, asegura que “nunca podremos decir que estamos satisfechos”.
Esperando la 'certificación'
Los entendidos sobre el tema revelan la necesidad de una actualización de datos nacionales.
Como evidencia de la imprecisión que existe en la información, el censo nacional de 2010 reveló una población de 106 mil 375 personas con discapacidad, mientras que la encuesta Pendis realizada cuatro años antes del censo tuvo como muestra 360 mil 329 personas con distintas discapacidades.
La esperanza que mantienen las personas con discapacidad, según Omaira, es la certificación. “Va a recordarle al resto del país que tenemos oportunidades”.
Se refiere a la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, conocida por las siglas CIF.
La certificación que se inicia a finales de este año lleva un análisis de un grupo de expertos que emitirá un certificado a cada persona con discapacidad, ya sea visible o de órganos.
Para Jessica Velasco, de la Unidad de Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, más allá de la certificación, el tema de la discapacidad requiere “transversalizarse”, lo que significa que entidades estatales como privadas vayan encajando la participación de las personas con discapacidad. Velasco cree que la certificación no es tan productiva si no se generan las suficientes redes de servicios, como señalizaciones, accesos al entorno físico y lenguaje de señas.
El jefe de certificaciones de Senadis, Rafael López, explicó que con los resultados del CIF tendrán estadísticas mucho más claras y “podremos hacer políticas públicas para que se beneficien”.
