Investigaciones dilatadas, sin definir formulación de cargos, pese a la existencia de pruebas; vistas fiscales dirigidas a favorecer al imputado y hasta fallos con sentencias irrisorias son algunas de las quejas señaladas en los procesos judiciales contra funcionarios de este gobierno.
Ese panorama no se refleja en casos contra funcionarios del anterior gobierno, a quienes se les ha aplicado las medidas cautelares más severas, pese a que no existe justificación judicial para sustentarlas.
Es decir, han sido objeto de detenciones preventivas por meses y hasta por más de un año, sumado a ello, la existencia de exfuncionarios que aún continúan detenidos sin que se les haya hecho un juicio.
Silvio Guerra, jurisconsulto, experto en derecho penal, considera que es evidente que hay una diferencia de los casos judiciales contra los funcionarios de este gobierno en comparación con los expedientes de los funcionarios de la administración anterior.
"Parece que hay una especie de manto de impunidad para los funcionarios del actual gobierno", destacó Guerra.
Indicó que ha quedado demostrado que en los casos de los cercanos al gobierno ocurren dos situaciones, en algunas de las investigaciones no se les llama y en el peor de los escenarios, cuando se les llama, "no pasa nada".
"Mientras, los del gobierno pasado, los acusados reciben de inmediato la cárcel", dijo Guerra.
La aplicación de sentencias elevadas por expedientes que prácticamente han sido prefabricados es otro de los ejemplos que demuestran la existencia de la selectividad en la justicia.
Teresita Yániz de Arias fue diputada y es dirigente del Partido Popular, aliado al gobierno de Juan Carlos Varela, considera que en Panamá se está aplicando la "ley del embudo".
Es decir, lo ancho para ciertas personas y lo angosto para otras.
En el programa Radar del pasado domingo, que se transmite en TVN, canal 2, Teresita de Arias puso como ejemplo el caso de Gustavo Pérez, a quien considera condenaron a seis años de prisión por dos armas viejas, mientras que en otros casos hay gente que tiene que estar presa "y uno se las encuentra hasta en misa", agregó.
Para Yániz de Arias, pese a que se diga que se trata de un sistema judicial independiente al Órgano Ejecutivo, eso no es lo que percibe la ciudadanía, por esta razón, considera la exdiputada, es la baja popularidad del presidente Juan Carlos Varela en las más recientes encuestas.
Gustavo Pérez, el exdirector de la Policía Nacional y ex secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad, permanece detenido, luego de que el Segundo Tribunal Superior de Justicia confirmara la sentencia que profiriera el Juzgado Décimo Segundo de Circuito de lo Penal en el mes de diciembre del año pasado.
A Gustavo Pérez se le condenó por haberse hallado en su residencia dos pistolas inservibles que eran de colección y que se las obsequiaron por el cargo que ocupó dentro de los estamentos de seguridad.
La defensa interpuso un recurso de casación ante la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, quien tiene la última palabra sobre el futuro del exdirector de la Policía Nacional.
Trece días después, el 15 de diciembre del 2015, en el Juzgado Décimo Sexto Penal se dictaba otra sentencia, esta vez era en contra de uno de los voceros de la campaña que llevó a la presidencia a Juan Carlos Varela. Se trata de Grimaldo Córdoba, a quien se le demostró haber realizado la práctica ilegal de la medicina, por no tener el título de médico y, pese a las evidencias, se le dio una sentencia irrisoria de tres años y medio que por ser mínimo se aplicó la regla de la conmutación, es decir, libertad por una multa.
Es decir, Grimaldo Córdoba no fue a prisión, a pesar de que el Código Penal establece una sanción máxima a los cinco años de prisión por este tipo de delitos.
En enero de este año, al Ministerio Público llegó una denuncia por supuestas irregularidades por contrataciones directas en el programa Techos de Esperanza.
Pese a existir un informe de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) que demuestra la existencia de irregularidades en las contrataciones que hizo el Miviot por medio de su ministro Mario Etchelecu y del director del desaparecido Programa de Ayuda Nacional (PAN) Rafael Stanziola, la procuradora Kenia Porcell aún no se ha pronunciado.
Por menos de esto, los fiscales anticorrupción ordenaron la detención de los exministros Frank De Lima y José Raúl Mulino, quienes permanecieron presos durante siete y nueve meses, respectivamente. Víctor Osorio cumple 14 meses detenido.
Carlos Carrillo, experimentado litigante, reconoce que producto de los resultados de estos casos existe en el ambiente una percepción ciudadana que pone en duda la independencia de la justicia.
"Es muy negativo que exista la percepción de justicia selectiva", dijo Carrillo al señalar que esto debe llamar la atención de quienes están al frente del Órgano Judicial y el Ministerio Público.
Carrillo dijo que, aunque se diga que la ley es igual para todos, ya la gente siente lo contrario y eso es peligroso, porque "contamina al Sistema Judicial".
Expediente del perrito Gucci está en tribunales en espera de juicio
La decisión de la Fiscalía Quinta Anticorrupción de remitir la vista fiscal en contra de la exviceministra de Desarrollo Social Zulema Sucre demuestra la existencia de una estrategia para proteger a esta activista del oficialista Partido Panameñista.
A esa conclusión llegó el abogado Roniel Ortiz al analizar que la vista fiscal fue por el delito de peculado de uso, un caso menor en comparación con el de peculado, que era por lo cual se habían presentado pruebas, por supuestamente haber usado fondos del Estado para participar en los Carnavales.
La Fiscalía tampoco quiso reconocer como querellantes a los exescoltas, quienes fueron destituidos por la exviceministra Sucre y quienes iniciaron las acusaciones que dieron con la destitución del cargo de la exfuncionaria. El caso está en el Juzgado Séptimo de Circuito de lo Penal.
Justicia selectiva es una realidad
Juristas y dirigentes políticos coinciden en que quienes administran justicia están actuando de forma parcializada.
Silvio Guerra: Claro que hay una marcada diferencia porque a los funcionarios de este gobierno involucrados en casos penales no se les llama, y en caso de que se les llame, no pasa nada en las fiscalías.
Teresita Yániz de Arias: La justicia tiene que aplicarse de manera igual para todos, porque lo que va sucediendo es que todo mundo piensa que lo ancho es para unos y para los otros es lo más angosto.
Qué opina, ¿considera que existe selectividad en la justicia panameña?
@MelindaPEstevez: Mi hermano ya tiene 1 año y 10 meses preso por algo que no tienen pruebas y ¡agarran arma de colección para encerrarlo!
@reysalomon1271: Justicia para él, es justo y necesario, no se puede vivir con temor. Basta de tanto odio.
@tati_70: No te preocupes que él va a salir y demostrará su inocencia. Dios les dé fuerza.
@RaulAlvarez19: No entiendo, es el chivo expiatorio del Gob. de @JC_Varela. ¡Liberen a Gustavito!
@09_jehshua: Fuerza, él es un soldado que saldrá adelante de esta injusticia y venganza en nombre de Dios.
@MezaMyrna: Lo tienen preso por nada. Que Dios le permita salir pronto del secuestro de los santos.
@noemijimenez035: En Panamá sí existe la justicia selectiva, podemos observar que solo meten presos a los CD y lo que huela a @rmartinelli.
