Cifras
- 9,298 permisos de operación a nivel nacional reporta el Mici en categorías 1 y 2.
- 2,341 locales se visitaron a través de operativos durante 2012.
Un total de 140 locales que no cumplen con las regulaciones para la venta de bebidas alcohólicas fueron cerrados por el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) en los primeros cinco meses que lleva en vigencia la nueva ley que regula este tipo de comercios.
La principal razón es que no cumplen con la reglamentación que exige que los bares y cantinas no pueden estar ubicados a menos de 500 metros de distancia de hospitales, escuelas, iglesias y áreas residenciales.
Cada panameño en promedio consume tres litros y medio de licor, según la OPS.
“También aparecen locales camuflados de bares y discotecas, cuando los permisos de operación corresponden a actividades distintas”, explicó el director de Comercio del Mici, Virgilio Souza.
Además, según Souza, detectaron escasa seguridad en los sitios donde se reportan actos delictivos, el ingreso de menores de edad en locales de expendio de licor y actos que atentan contra la moral y la salud pública.
Desde que entró en vigencia la Ley 2 de 2013, en febrero pasado, el Mici visitó 573 locales a nivel nacional, de los cuales solo el 17% cumplía con lo establecido en la legislación. Los otros 332 propietarios fueron citados y el resto de los locales, cerrados.
Los lugares en los que se detectaron más anomalías los encabezan los distritos de San Miguelito, Arraiján, La Chorrera y Panamá.
“Son los sectores donde se está violando la exigencia de otorgar permisos de operación para el expendio de licor de un local por cada 1,000 habitantes. Los operativos han demostrado que se ha rebasado ese requisito”, manifestó Souza ante la evidente proliferación de bares y cantinas en las cabeceras de distritos.
En San Miguelito, por ejemplo, hay registros de 200 locales dedicados, de forma legal, a la venta de bebidas alcohólicas frente a una población de 315,000 habitantes. Y aunque en parte se cumple con la norma de un permiso por cada 1,000 habitantes, las autoridades aseguran que la ilegalidad está en los locales que operan de forma clandestina disfrazados de otros servicios.
Las faltas a la ley también son evidentes en el número de bares que existen a razón de la cantidad de centros educativos y la distancia a la que deben ubicarse. En San Miguelito, las 86 escuelas oficiales que tiene el Ministerio de Educación están en su mayoría a pocos metros de sitios dedicados al expendio de bebidas alcohólicas.
Con la implementación de la Ley 2 de 2013, el Mici calcula que reducirán en un tercio, los 9,298 avisos de operaciones de expendio de licor en los niveles 1 y 2.
“Con esto quiero dejar claro que no estamos en contra del comercio. Lo que pasa es que hay una incongruencia evidente que hay que reglamentar”, expresó Souza.
Conflicto
En la Dirección de Comercio aseguran que la proliferación de bares y cantinas responde, en principio, al incumplimiento de la norma por parte de las autoridades locales.
“Los alcaldes no están cumpliendo con la disposición de la ley en cuanto a la distancia que se debe tener de las escuelas, iglesias y hospitales. No puede ser que en San Miguelito y Arraiján existan más cantinas que centros educativos. En cada lugar que llegamos hay una proliferación de cantinas, y una vez que se les ordena el cierre, por ilegal, los alcaldes les otorgan nuevamente los permisos”, dijo Souza.
Los inspectores lo ven como un ciclo vicioso: el Mici ordena los cierres, y los alcaldes autorizan su reapertura.
Panamá encabeza el consumo de alcohol en Centroamérica, según un reporte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
El alcalde de San Miguelito, Héctor Valdés Carrasquilla, aceptó el problema, pero lo atribuyó al proceso de apertura que se estableció en 2005 con la aprobación de la Ley 5 sobre el sistema de Panamá Emprende.
“A través de ese sistema, que opera hace varios años, muchos comerciantes se dedicaron a la expedición de permisos para un fin, y al final era para la venta de licor, que nosotros como autoridad local desconocíamos”, declaró.
Sin embargo, consideró que es oportuno que se haga una revisión del problema de manera conjunta para establecer políticas que impidan que se incrementen las cifras de sitios dedicados a la venta de licor.
“No es momento para hallar culpables, sino de sentarnos para buscar un plan de políticas administrativas que permitan acabar con esa irregularidad”, expresó el alcalde.
Valdés Carrasquilla hizo referencia a los operativos conjuntos que realizaron con el Mici, y que dio como resultado el cierre de locales en el distrito, como La Susana, La Caponera, La Parranda Vallenata y recientemente Aventura, en la Gran Estación.
En tanto, la alcaldesa capitalina, Roxana Méndez, aseguró que durante su administración se reforzaron los procedimientos para autorizar nuevos permisos. “Motivo por el cual cerca del 65% de las solicitudes se rechazan al evidenciarse que no cumplen con los requisitos “, respondió la alcaldesa.
En La Chorrera, el alcalde Javier Herrera prefirió no profundizar en el tema al señalar que son las autoridades del Mici quienes deben confirmar si efectivamente los permisos corresponden a la actividad. “De lo contrario se deben aplicar las sanciones establecidas en la ley”.
Pese a los descargos de las autoridades locales, en la Dirección de Comercio del Mici, insisten en que la responsabilidad primaria de verificar y confirmar las distancias y la población en donde se expedirá el permiso municipal le compete a los municipios.
Sociólogos coinciden en que el consumo de alcohol tiene resultados negativos y conocidos en la sociedad como la violencia doméstica, homicidios y accidentes vehiculares.
Se apoyan en las estadísticas que ofrece el Instituto Nacional de Estadísticas Criminales (Inec), que en 2012 contabilizó 654 homicidios y hasta junio de 2013 van 374 casos.
El fenómeno alcanzó hasta los propietarios de farmacias, lavaautos y promotores de juegos deportivos en canchas públicas, que según los reportes de los inspectores encargados de los “operativos orden” también se encontraron vendiendo licor, incluso hasta menores de edad.
