Claves
Los niveles de seguridad en el vertedero de Cerro Patacón han quedado en entredicho con la afirmación del presidente Ricardo Martinelli y la aceptación de la empresa Urbalia de que el fuego que afectó a la capital pudo ser provocado por mano criminal.
La posible violación del contrato con el Estado por parte de la empresa colombiana Urbalia S.A. motivó a que el mandatario amenazara con revisar el documento contractual.
“Queremos hablarle muy claro a la empresa encargada de este relleno, que no los hemos escuchado decir ni esta boca es mía; le pido a la alcaldesa y concejales que hagan una evaluación exhaustiva del contrato, porque esto no puede continuar”, advirtió Martinelli ayer, mientras inspeccionaba el vertedero.
El disgusto presidencial obedece a que este es el peor incendio registrado en el país. “No soy abogado y hay que respetar la seguridad jurídica, pero hay que revisar esa concesión”, reiteró Martinelli.
Falta de seguridad
Las sospechas de que el incendio fue provocado dejan al descubierto varias interrogantes sobre la falta de seguridad en las 132 hectáreas del relleno sanitario, en donde, según el contrato de concesión, debe haber obligatoriamente una cerca de seguridad perimetral.
Tras siete días de silencio, Urbalia rompió el silencio para reconocer que existen deficiencias en la seguridad, y que el incendio pudo haber sido provocado.
“La seguridad es un tema que merece un estudio más a fondo, porque hay una vía pública que atraviesa el relleno sanitario y es muy difícil de controlar”, afirmó Carlos Mario Castaño, vocero de Urbalia.
Castaño se refería a la calle de grava que sirve de acceso a la comunidad de Mocambo, por donde en horas del día circulan sin mayores problemas autos y buses.
Por su parte, el director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (Aaud), Enrique Ho, fue explícito al señalar que el área de tiro, donde se deposita la basura, debe ser totalmente restringida.
“Solo las personas autorizadas pueden estar en el centro de tiro, eso está en el contrato; Urbalia debe garantizar que nadie pase a esas áreas y tiene que velar que eso se cumpla”, advirtió Ho. Detalló que los pepenadores tienen un área exclusiva, alejada del relleno, en donde realizan sus labores de reciclaje. “Esto es más que nada como una medida de seguridad; el centro de tiro es peligroso, porque hay mucho equipo pesado”, añadió.
Ho evitó hablar de sanciones a la empresa y fue mesurado; solo dijo que tendrán que evaluar lo ocurrido, analizar con claridad si hubo fallas en la seguridad, y qué fue lo que realmente sucedió. “Hay que sentarse a ver toda la documentación”, remarcó.
Las sospechas de mano criminal se basan en que el fuego inició el pasado martes 19 de marzo a eso de las 5:00 p.m., en tres puntos específicos de la segunda etapa del relleno sanitario, siendo uno de ellos el vertedero de llantas, el cual ardió con celeridad.
“Eso es muy casual, pues fueron tres puntos muy bien escogidos”, argumentó por su parte el ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez.
La Fiscalía Auxiliar abrió una investigación de oficio para esclarecer las causas que ocasionaron el incendio, y el expediente fue remitido a la Fiscalía Quinta, que tiene que ver con los delitos ambientales.
Incendio costoso
Al cumplirse ocho días desde que inició el fuego, el Gobierno estima que ha gastado unos 600 mil dólares para cubrir los gastos de la operación de extinción.
Según el ministro Henríquez, unos 400 mil dólares fueron destinados para pagar los 10 mil galones de espuma química Tipo A, que han utilizado los bomberos para extinguir el incendio del relleno sanitario, y el resto para el pago a especialistas extranjeros.
Se trata de un canadiense y dos técnicos de California, Estados Unidos, quienes ayudarán en la última etapa de extinción, que iniciará hoy, en la que, a pesar de que el fuego está controlado y ya no hay mucho humo, se debe evitar que algún elemento extraño pueda revivir el fuego.
“Hemos hecho la compra del ‘foam’ y a la empresa privada se le está pagando el uso de retroexcavadoras; aún es difícil decir cuánto es la suma total, porque la mayoría de las empresas no han presentado su cuenta”, argumentó Henríquez.
La concesionaria Urbalia S.A. informó que asumirán el costo de los 600 mil dólares que se han gastado en la contratación de los especialistas y la espuma especial Tipo A que se utilizó.
Trascendió que en las labores de extinción han participado unos 300 bomberos y hasta el día de ayer se utilizaron unos 7 mil galones de los 10 mil que fueron traídos de Estados Unidos.
Hoy, una parte del equipo de extinción culminará definitivamente sus labores, y la otra parte lo hará mañana, para que sea la empresa Urbalia la que esté a cargo de la operación, que podría extenderse meses.
Cuando ocurrió el incendio, la segunda etapa del vertedero estaba en fase de clausura, a la espera de la habilitación de la nueva tina en la tercera etapa, que colinda con la comunidad de La Paz, en Kuna Nega.
La capital generó unas mil 800 toneladas de desperdicios al día durante la crisis, que tuvieron que ser depositadas en la primera etapa por el fuego. “Misión cumplida, y ahora nos queda dedicarnos a la recolección”, dijo Enrique Ho.
