El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Mario Etchelecu, no solo deberá responder a posibles irregularidades por las compras directas en el antiguo Programa de Ayuda Nacional (PAN) y las licitaciones abreviadas sin sustento, hecho denunciado por el Colegio Nacional de Abogados.
Etchelecu también habría usurpado funciones de la Contraloría General de la República en una licitación por mejor valor, donde la empresa a la que se le adjudicó finalmente el contrato de 13 millones de dólares presentó una fianza a nombre de otra sociedad. Se trata de un tema al que solo puede entrar a resolver la Contraloría de acuerdo con la Ley 22 de Contrataciones Públicas.
El pasado 11 de marzo la Comisión Evaluadora de la licitación 2014-0-14-0-03-LV-007723, la cual establecía el suministro de materiales y construcción de casas para el proyecto Villas Arco Iris en Colón, decretó que una de las cinco empresas proponentes, Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria (S.A.I.I.C.F.A.) "no cumplió con los requisitos obligatorios exigidos en el pliego de cargos para todos los proponentes, por tanto, su propuesta no debió ser considerada ni evaluada, por lo que corresponde hacer este reconocimiento, correctivo y modificación".
El informe establece que Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria (S.A.I.I.C.F.A.) se presentó a la licitación con una fianza a nombre de una razón social diferente y adicionalmente no suministró el cronograma de trabajo solicitado en el capítulo II del pliego de cargos, lo que la descalificaba inmediatamente para seguir siendo considerada.
Incluso la Comisión Evaluadora, integrada por Maswell de Obaldía, Carlos Franco y Andrés Quijano, recomendó asignar el acto público al consorcio M&E.
Sin embargo, el ministro de Vivienda intervino pidiendo una nueva evaluación en la que le permitió a la empresa Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria (S.A.I.I.C.F.A.) corregir o subsanar la fianza para adjudicarle el millonario contrato.
Expertos afirman que un error en una fianza es un elemento no subsanable en una licitación, pero que al final es la Contraloría la única entidad que puede manifestarse sobre esta materia.
El artículo 99 de la Ley 22 de Contrataciones Públicas establece que "la Contraloría General de la República absolverá las consultas sobre cualquier aspecto de la constitución, presentación, ejecución y extinción de las garantías que se constituyan para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas con las entidades públicas, conforme a lo establecido en las normas jurídicas vigentes. Las entidades públicas o entes nacionales o extranjeros no podrán limitar, negociar o disminuir la potestad de la Contraloría en esta materia".
La actuación de Etchelecu podría ser sancionada por varios delitos estipulados también en la Ley 22 de Contrataciones Públicas, entre ellos abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos y fraude en actos de contratación pública por favorecer o perjudicar a algunos de los participantes. En ambos la sanción estipulada en esta ley es de dos a cuatro años o su equivalente a días multas y con la inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual periodo.
Etchelecu también será investigado junto al director del PAN, Rafael Stanziola, por fraccionar compras en el presupuesto del programa Techos de Esperanza, en el que resaltan los contratos directos a la empresa Airco S.A. para la adquisición de retroexcavadoras.
Cifras
22
- es el número de la Ley de Contrataciones Públicas que ha sido obviada.
99
- es el artículo de la Ley de contrataciones que habla sobre el papel de la Contraloría.
