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Panamá

Etiquetado frontal todavía se resiste a su aprobación

Esta práctica se ha impulsado a nivel mundial y regional.  Foto ilustrativa
Esta práctica se ha impulsado a nivel mundial y regional. Foto ilustrativa

Luego de la sanción de la ley que regula el uso de ácidos grasos trans en la producción alimentaria, aún permanecen pendientes de aprobación en el Órgano Legislativo diversas iniciativas enfocadas en promover una alimentación saludable en la población.

Entre estas propuestas, quizás la más significativa sea la del etiquetado nutricional frontal, cuya discusión apenas alcanzó el primer debate durante la legislatura que culminó el pasado 31 de octubre, quedando en pausa a la espera de retomar su trámite parlamentario.

La relevancia de este expediente motivó que varias organizaciones de profesionales de la alimentación y la salud conformaran un frente común para respaldar su avance; no obstante, hasta el momento no han conseguido los resultados esperados.

Durante el análisis de la norma, el debate llegó incluso a contemplar la sugerencia de utilizar tecnología como códigos QR para que los compradores consulten el contenido nutricional de los productos, una alternativa que no ha contado con la aceptación de los consumidores.

564


número de la ley que regula el uso de ácidos grasos trans en la industria alimentaria. 
 

402


proyecto de ley sobre el etiquetado frontal que todavía se discute en primer debate. 
 

Por su parte, el Movimiento de Alimentación Saludable mantiene firme su moción para que se exija un etiquetado frontal con advertencias claras sobre el exceso de azúcar, sal y grasas en los alimentos procesados.

Adicionalmente, esta agrupación impulsa medidas complementarias de salud pública, entre las que destacan la regulación de la publicidad de comida 'chatarra' dirigida al público infantil y el aumento de impuestos a las bebidas azucaradas y productos ultraprocesados.

 

La nueva ley sobre regulación de ácidos grasos trans se adapta a las legislaciones de otras naciones latinoamericanas, que han establecido un tope de 2% por cada 100 gramos de la presencia de estos ingredientes en los alimentos procesados.

La industria cuenta con plazos de hasta tres años para adecuarse a las condiciones que exige la nueva norma.


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111326
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