Más de 20 personas, entre funcionarios y proveedores del gobierno anterior, se mantienen detenidos con medidas cautelares, ordenadas por los fiscales anticorrupción.
La lista fue más extensa meses atrás. Algunos tuvieron que pagar fianzas costosas para lograr su liberación y a otros se les cambió la medida cautelar.
Una de las primeras liberadas fue la empresaria Poulett Morales, quien fuera proveedora del Programa de Ayuda Nacional (PAN) en el contrato de las mochilas escolares.
La detención ordenada contra Morales fue controversial, ya que por el mismo caso, otro proveedor, Pablo Ruiz Obregón, esposo de la nieta de Roberto "Bobby" Eisenmann, gozó de una medida cautelar menos drástica.
Otro caso similar, en que se cuestionó lo exagerada de la medida cautelar dictada, fue el del exministro Frank De Lima.
El exfuncionario no poseía cargos en su contra, pero permaneció detenido casi cinco meses.
Un informe de auditoría de la Contraloría no lo vincula al supuesto fraccionamiento de partidas, por el cual se le acusa.
