El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, podría ser llamado por la Fiscalía Anticorrupción para esclarecer el caso de Cobranzas del Istmo, tras el pago de siete millones de dólares a esta empresa, después de que el contrato fuera anulado.
Así lo comunicó la procuradora general de la nación, Kenia Porcell, quien reconoció que se trata de una investigación muy compleja.
De La Guardia debe dilucidar el desembolso de esos siete millones de dólares porque sus primeras explicaciones no convencieron, a juicio del abogado Ernesto Cedeño.
El ministro explicó en su momento que los pagos se dieron porque ya estaban contemplados en el calendario de pago, sin embargo, para Cedeño “falta algo más”.
El último pago a Cobranzas del Istmo se dio el 20 de enero, 12 días después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara la suspensión del contrato.
El abogado considera que no se puede pasar la página sin dejar en claro ese pago y, aunque reconoce que el ministro De La Guardia ha tenido una actitud “correcta” al estar dispuesto a ser investigado, cree que debe ser un poco más claro, pues no fue convincente.
Agregó que ha tratado de ser muy comprensivo con su personal y “no ha querido quemar a nadie”.
Cedeño recomendó que todas las personas que han participado en el contrato deben comparecer ante el Ministerio Público y aclarar lo sucedido.
Al ser consultado, el también estudioso del derecho Rogelio Cruz se preguntó en caso de que De La Guardia sea llamado, si se hará en calidad de testigo o como sindicado.
“Si no se llama a De La Guardia, sería otro caso más de justicia selectiva”, según el exprocurador.
En la misma línea se expresó Cedeño, quien opinó que, entonces, se estaría violando la objetividad de la investigación.
Según el Código Judicial, un ministro de Estado no está en la obligación de asistir a una indagatoria.
En su defecto se le remite un cuestionario por parte de la fiscalía para que lo conteste.
