Imprecisiones en la toma de decisiones de los fiscales del Ministerio Público avivan las críticas sobre las denuncias de la práctica de una justicia selectiva en el país.
Varios casos siguen trascendiendo, como la actuación de la fiscal tercera anticorrupción, Zuleika Moore, quien envió al Juzgado Quinto Penal de Circuito el expediente de la compra de radares con ocho meses de atraso legal.
En este caso se acusa al exministro de Seguridad José Raúl Mulino y a Alejandro Garuz, ambos detenidos.
La fiscal envió el viernes 22 de enero las sumarias, cuando el término de la investigación venció el 15 de septiembre de 2015.
Por otra parte, en el caso del empresario Mayer Mizrachi, mientras el Juzgado Decimotercero Penal de Circuito le negó una fianza de excarcelación, el Segundo Tribunal Superior la fijó en 100 mil dólares.
El fallo de segunda instancia, a cargo de la magistrada María de Lourdes Estrada, cuestionó la actuación de la jueza decimotercera por negar la fianza, ya que hasta el momento no se acreditaron otras circunstancias que agravaran el presunto delito por el que se acusa al empresario Mizrachi y consideró que era viable la fianza.
Por su parte, en el caso del falso médico panameñista Grimaldo Córdoba, un juzgado lo condenó a 42 meses de prisión, sentencia que puede ser conmutada a días multas.
Córdoba ejerció la medicina y hasta recetó medicamentos sin tener el diploma ni la idoneidad que otorga el Consejo Técnico de Salud.
Paralelamente, el exalcalde del distrito capital Bosco Ricardo Vallarino aceptó en una entrevista que recibió 6 mil dólares en sobornos.
A pesar de ello, el Ministerio Público nunca ordenó su detención preventiva y le dio una medida cautelar de casa por cárcel.
Por los presuntos pinchazos telefónicos se realizó en enero del año pasado un despliegue policial y allanamiento a las residencias de los exsecretarios del Consejo de Seguridad Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, sin que mediara, en primera instancia, una citación a la fiscalía con sus abogados, como establece el Código Judicial.
Gestión
13 meses cumplirá Kenia Porcell de Alvarado en el cargo de procuradora general de la nación.
26 meses estuvieron los panameñistas en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) y son pocos los miembros de esta organización política que han sido llamados a declarar en los expedientes de presunta corrupción del gobierno anterior.
Caso PAN
- Reunión
- El titular del Miviot, Mario Etchelecu, y su viceministro, Jorge González, se reunieron con la procuradora Kenia Porcell para ponerse a disposición de la entidad en el caso de las compras del proyecto Techos de Esperanza, por el que el Ministerio Público abrió una investigación de oficio.
- Norma
- Sin embargo, el Código Judicial establece que por el cargo que ostenta Etchelecu, el Ministerio Público debe enviarle un cuestionario y no llamarlo a declarar.
- Similitud
- El año pasado ocurrió un caso similar, cuando el presidente Juan Carlos Varela acudió al Ministerio Público por el caso de los pinchazos telefónicos. Se habló de interferencia en otros órganos del Estado.
