El gobierno del presidente Juan Carlos Varela se ha caracterizado por sus anuncios de otorgar millones de dólares en materia de inversión, sin embargo, son pocos los avances que percibe la ciudadanía.
A esta conclusión han llegado economistas, empresarios y miembros de la sociedad civil, que calificaron la gestión del presidente Varela como "el gobierno de las órdenes de proceder".
Y es que según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), actualmente se ejecutan unos 2,885 proyectos de inversión, valorados en 4,538 millones de dólares, no obstante, diversos sectores se preguntan dónde se encuentran estas sumas de dinero.
Incluso, algunos gremios de la sociedad han llegado a asegurar que gran parte de estos proyectos son obras que dejó la administración pasada a las cuales se les ha dado seguimiento.
Tal es el caso de las líneas 2 y 3 del Metro, cuya tercera fase recibió la aprobación para un financiamiento por parte del Gobierno de Japón, pero no fue sino hasta este año que se logró concretar el acuerdo por las autoridades.
Asímismo, la ampliación de Canal, que ya se encontraba en su fase final y que en los últimos años sufrió un incremento considerable. Ahora, el presidente Varela, quien se opuso a la misma, tiene previsto inaugurarla con una gran fiesta nacional.
No obstante, al gobierno del presidente Varela también se le acusa de incentivar otros megaproyectos que buscan beneficiar a sus allegados políticos.
Recientemente, se aprobó un proyecto con la empresas AES Panamá para generar energía eléctrica con una inversión estatal de 1,150 millones de dólares, y con el que saldría beneficiado su donante de campaña Stanley Motta, por una licitación de diez años para administrar este proyecto a nombre de Gas Natural Atlántico.
Además de invertir cerca de 500 millones de dólares en la renovación de la ciudad de Colón, donde varios empresarios dominan el negocio de los puertos.
Ante esto, críticos de la gestión del presidente Varela señalaron que no hay evidencias de que la inversión estatal esté produciendo un mejoramiento de la condición de vida de los sectores más humildes.
Para el economista Juan Jované, Panamá debe empezar a medir el desarrollo no solo con las inversiones que vayan a ejecutarse.
Jované sostiene que debe pensarse en qué está sucediendo con la educación, la seguridad alimentaria, la salud, ya que todos estos factores se encuentran actualmente en un estado de crisis.
"Podríamos decir que lo que caracteriza a este gobierno es que no hay señales de solución a las necesidades sociales, un crecimiento estancado y falta de desarrollo", apuntó.
El también catedrático afirmó que ya la administración actual se sitúa en un Estado fallido porque, institucionalmente, tampoco funciona.
"El país está en una situación de franca desaceleración y puede preverse que, con suerte, la economía crezca hasta un 4.5%. Todos los sectores están desactivados, la construcción no está en el nivel que se encontraba antes; prácticamente, la agricultura también está estancada y hay un deterioro", planteó.
Incluso, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCYA) afirmó que la gestión de Gobierno "se ha manejado con extrema cautela para evitar la aprensión de una población consternada por el desenfreno, escándalos y malos manejos de la cosa pública".
Ello por la promesa de construir escuelas, centros de salud y hospitales como el Hospital Oncológico de Chiriquí, infantil de provincias centrales, Arraiján y Panamá Norte.
Ante esto, la abogada Maribel Cuervo de Paredes sostuvo que a "la gestión del presidente Varela le cuesta tener un proyecto insignia y -todavía- se encuentra en una etapa de planificación".
A todo esto, el Ejecutivo ha excusado que se están invirtiendo más de 19 mil millones de dólares en infraestructura pública, dentro de los próximos tres años.
Dinero que, según el exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima, procedería del crecimiento sostenido que venía experimentando el país y podría hacer frente a sectores productivos.
Sin embargo, el Gobierno ha enfocado estos fondos a la construcción de vivienda y transporte, y se ha visto envuelto en escándalos por compras directas y licitaciones que han sido adjudicadas a socios y allegados de altos funcionarios.
Efectos de escándalos
Ante esta baja en la economía y poca ejecución del Gobierno, expertos han señalado que ha venido un problema mayor, relacionado con los escándalos que han sacudido a Panamá y que guardan relación con la confianza de los inversionistas extranjeros.
Solo en el 2015, Panamá recibió cerca de $5,038 millones en inversión extranjera directa, pero que podría disminuir considerablemente, tras la revelación de la investigación denominada The Panamá Papers y la investigación de empresas de grupo Waked por parte del Tesoro de los Estados Unidos.
En el escándalo por la creación de sociedades anónimas a través de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, supuestamente para cometer delitos de evasión fiscal, se ha señalado que esto afectará las inversiones con respecto a los trámites bancarios y depósitos de multinacionales.
En este sentido, el economista Felipe Chapman recalcó que es preocupante el daño que se le ha hecho a la marca país, por las implicaciones que podría tener esto para la economía y sus inversiones.
Fernando Cebamanos, representante de partido en formación FAD, explicó que estos escándalos se verán reflejados en el empleo de trabajadores y la disminución de ofertas, así como una baja en el ingreso que recibirá la fuerza obrera del país.
Megaproyectos paralizados por el Gobierno frenan avance del país
Actualmente existen unos 25 proyectos destinados a la construcción de hospitales, escuelas y centros deportivos detenidos por la apertura de procesos judiciales.
Esto crearía una merma en la cantidad de obras para beneficio de la población, afirmaron los conocedores.
Incluso ante la respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas que ha dicho que solo el 5% del presupuesto de inversión está dedicado a obras nuevas, y el resto a la continuidad.
El exvicepresidente de Panamá Arturo Vallarino considera que esta situación ha creado un problema mayor que sería la posibilidad de que las empresas lleguen a exigir una indemnización, lo que elevaría el costo muy superior a los supuestos sobrecostos de los cuales se investiga.
Incluso implicaría responsabilidad penal de los funcionarios a cargo.
