Un gobierno de unidad nacional, consenso y de puertas abiertas para el pueblo panameño fueron las promesas de campaña del presidente Juan Carlos Varela que hoy reclama la sociedad civil, tras no ser consultada para designaciones de puestos claves para el fortalecimiento de la democracia en el país.
Contrario a esto, el año concluye sin ningún nombramiento que haya sido consultado con las denominadas “fuerzas vivas” de la nación, con la ratificación de un magistrado del Tribunal Electoral con más de dos décadas en su cargo y con fallos en el ejercicio de sus funciones favorables al Gobierno.
Esta última designación fue de conocimiento público al ser publicada en Gaceta Oficial, sin declaración alguna del mandatario, quien se encuentra en un lugar desconocido recibiendo el Año Nuevo, con lo que dejó al país sin presidente en la conclusión de 2014.
Las confrontaciones entre la sociedad civil y el gobierno del presidente Varela han sido visibles, tras este último nombramiento.
Ayer, el hermano del ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, el exembajador Jaime Alemán Healy, escribió en su cuenta de Twitter que “elegimos democráticamente un presidente, pero la sociedad civil pretende que ellos tienen que aprobar todos los nombramientos”.
Ante estos señalamientos, el abogado Ernesto Cedeño indicó que fue el propio presidente Varela quien en campaña dijo que iba a consultar con la sociedad civil decisiones y nombramientos como el de los magistrados.
“Se ha dado la espalda y divorciado del componente que creyó en sus promesas de campaña”, sostuvo Cedeño, quien recordó que Varela ha realizado varios nombramientos sin consultar, de tal manera que hace poco dejó una mala impresión al irse al extranjero sin querer comunicarlo.
Agregó que esa misma sociedad civil no estaba organizada con personería jurídica en el momento que asumió el poder y es la misma que existía y hoy está aglutinada en diversos entes. “Con los mismos que lo llevaron al poder se entendía que quería consultar”.
Las críticas hacia la sociedad civil llovieron de diversas partes.
El viceministro de Economía, Iván Zarak, cuestionó: “¿En qué parte de la Constitución se habla de un cuarto poder llamado la sociedad civil? ¿La sociedad civil no participó en las elecciones?”.
Además de esto, recomendó a la sociedad civil escoger una junta directiva, para “saber quiénes son”.
Esmeralda de Troitiño, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), fue más allá al señalar que hay necesidad de que la sociedad en general: civil, pública, gremial, esté organizada. “Eso se llama poder ciudadano, exponer tu voz estés o no de acuerdo con una posición”.
Sobre los desaciertos del Ejecutivo en cuanto a nombramientos, Troitiño señaló que la ciudadanía tiene derecho al cuestionamiento, “organizada o no”.
“Los gobernantes deben someterse a esa crítica que la sociedad hace en posiciones a favor o en contra; hay que seguir organizando ese poder ciudadano”, afirmó la jurista.
En estos primeros seis meses de gestión, la sociedad civil ha criticado nombramientos de al menos 15 personas allegadas al círculo familiar de ministros, directores, e incluso el propio presidente Varela.
Además, han cuestionado el nombramiento de figuras de alto mando, como el contralor general de la República, Federico Humbert, quien fuera uno de los donantes de campaña del presidente Varela.
Recientemente, la designación de la próxima procuradora general de la nación, Kenia Porcell, tampoco se llevó a consulta.
En su momento, Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, repudió la acción y escribió en su cuenta de Twitter: “Decepcionante la forma como se designa a un procurador general, sin consulta ciudadana. Tremendo legado hacia futuro”.
La falta de tolerancia a las críticas de la gestión de Varela ha afectado también la labor de medios de comunicación, hecho en que la primera dama, Lorena Castillo, se ha visto involucrada.
Ofrecimientos
Anteriormente, previo al cambio de mando en la Presidencia, hubo personalidades que se valieron de pertenecer a la sociedad civil para acudir casi a diario a los medios de comunicación y manifestar su oposición a casi todos los movimientos del pasado gobierno.
Por ello, los analistas argumentan que con esta reacción y sus efectos en campaña le permitieron a Juan Carlos Varela ganar las pasadas elecciones.
Parte de estos “líderes” de gremios ambientalistas, fundaciones contra la corrupción y grupos indígenas dejaron su bandera de lucha para asumir un cargo público con salarios, en su mayoría, entre los $3,000 y $10,000.
Por su parte, otros dirigentes de la sociedad creen que el hecho de haber aceptado un puesto en el Gobierno pondría en duda su trabajo y dejarían de pertenecer a esta clase, pues ahora defienden las actuaciones de una administración.
Nombramientos de dirigentes silencia sectores de la sociedad
La alianza informativa Epasa, NexTV y KW Continente ubicó a 19 dirigentes de los grupos de la sociedad civil que en la actualidad ocupan un cargo importante en el gobierno.
En el área de Salud, el gobierno ordenó el reintegro de Fernando Castañeda, dirigente de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal).
En los medios de comunicación a generadores de opinión política, entre ellos Castalia Pascual, vocera del Ministerio de la Presidencia con un salario de 6,000 dólares; el expresidente del diario La Prensa Fernando Berguido como embajador en Italia con más de 7,000 dólares en salario.
En Trabajo, uno de los sectores más conflictivos, solo el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Asuntos Similares (Suntracs) y los educadores han logrado mantener su independencia hasta ahora.
Mientras que del grupo de la sociedad civil, fueron designados Mariano Mena, exsecretario general de la Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP), con salario de 5,000 dólares, en el puesto de asesor del ministro de Gobierno, Milton Henríquez.
En Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, Varela nombró a su presidenta ejecutiva como la nueva zarina anticorrupción, y a su vicepresidente, Joseph Fidanque, como gerente de Tocumen S.A., empresa estatal que administra el aeropuerto internacional de Panamá.
Raisa Banfield, exdirectora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) es ahora la vicealcaldesa del distrito capital, donde venció el panameñista José Isabel Blandón.
Banfield, por su parte, fue en el pasado reciente dirigente ambientalista.
- 6 meses de gestión cumple mañana la administración del presidente Varela.
Opinión - Roberto Troncoso (Empresario)
- La sociedad civil no pretende aprobar o improbar los nombramientos. Eso solo es potestativo de la Asamblea, fueron las palabras del defensor de los derechos humanos Roberto Troncoso a las acusaciones del exembajador de Panamá en Washington Jaime Alemán. Troncoso sostuvo que elegir al presidente no fue sinónimo de otorgar carta blanca, sino que consultar era parte de su plan de gobierno. Tras escogencia del magistrado Eduardo Valdés Escoffery, el empresario señaló que “no se trata de integridad”, sino de “si existen más panameños capaces para ejercer el cargo de magistrado”. Además, de que “los favores se pagan..., y esta es una de las formas de hacerlo de manera disfrazada. Así como todo un país eligió a un presidente joven y con ideas progresistas, de la misma manera debemos renovar los cargos con gente joven”.
