Coronavirus en Panamá
Gobierno vulnera las garantías fundamentales con cuarentena, advierten constitucionalistas
- Redacción
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Calificó como un "entuerto" y una "ignorancia inexcusable" la decisión del Gobierno de restringir, mediante salvoconnductos, la movilización y el ejercicio de la abogacía y sostuvo que esto vulnera el derecho constitucional que tiene toda persona para recibir la asesoría inmediata de un abogado apenas es detenido.
Al dictar una cuarentena total y restringir el movimiento de los ciudadanos, viola el artículo 55 de la Constitución.
El Gobierno "pisotea" y "cercena" las garantías fundamentales y la Constitución con las restricciones que ordena mediante los denominados "decretos sanitarios", advirtió la Asociación Panameña de Derecho Constitucional.
Precisa que el Gobierno, al dictar una cuarentena total y restringir el movimiento de los ciudadanos, viola el artículo 55 de la Constitución, porque nunca dictó el Estado de Urgencia ni suspendió las garantías fundamentales.
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Sostiene que las garantías fundamentales las tiene que suspender el Consejo de Gabinete en pleno y que en su defecto, los “decretos sanitarios” los ha firmado el presidente Laurentino Cortizo y su ministra de Salud, Rosario Turner, convirtiendo, además, a la Fuerza Pública en su cómplice, sin un fundamento legal que lo sustente.
Añade que nada en la Constitución Nacional autoriza la existencia de un estado de emergencia como el que decretó el Gobierno y calificó su promulgación como exabrupto jurídico.
Los constitucionalistas acusan al Gobierno de utilizar una ley para sustentar el estado de emergencia, el cual debería estar contemplado en la Carta Marga.
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Además, recuerda que la Constitución establece que solo el Gabinete puede levantar las garantías fundamentales por un periodo de 10 días y que luego de vencido este tiempo, le corresponde a la Asamblea Nacional dictar estta disposición.
También cuestiona que se restrinja el libre ejercicio de la abogacía, porque se viola el derecho a la defensa que tienen todos los ciudadanos.
Calificó como un "entuerto" y una "ignorancia inexcusable" la decisión del Gobierno de restringir, mediante salvoconnductos, la movilización y el ejercicio de la abogacía y sostuvo que esto vulnera el derecho constitucional que tiene toda persona para recibir la asesoría inmediata de un abogado apenas es detenido.
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