En la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional reposa una denuncia penal en contra del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Harry Díaz, desde el año pasado y aún no ha sido discutida por los diputados.
Se trata de la presunta comisión de delitos contra la vida e integridad personal, en su modalidad de acoso sexual y laboral, además de abuso de autoridad e infracción de los deberes como servidor público.
La denuncia, presentada por la firma de abogados Córdoba Chen y Asociados, a la que tuvo acceso Panamá América, muestra una serie de pruebas documentales encaminadas a probar los delitos que se denuncian en la acción contra el magistrado Díaz.
Los hechos presentados en la denuncia señalan que la víctima vivió un viacrucis por el periodo de un año, cuando a inicios de sus labores como asistente del magistrado Díaz, en la Sala Penal de la Corte, se negó a las “pretensiones” del mencionado funcionario, que consistían en “mantener relaciones afectivas de manera discreta”.
Los acosos laborales se empezaron a manifestar cuando las superiores jerárquicas de la víctima, comenzaron a elevar su carga laboral con la entrega de expedientes de alto perfil que con anterioridad habían sido asignados a otros funcionarios.
Cuenta la denuncia que la víctima de los acosos fue objeto de insultos por parte del magistrado Díaz, cuando entregó de manera tardía un expediente.
La situación provocó que la persona afectada fuera trasladada al despacho de la Oficina de Seguimiento del Sistema Penal Acusatorio (Oispa), donde había sido asignada, oficialmente, en el acta de nombramiento.
Detalla el escrito que el documento reposa en la oficina de Recursos Humanos del Órgano Judicial y es una de las pruebas que demuestran las irregularidades cometidas por el magistrado Díaz.
El motivo es que el citado funcionario la había designado como su asistente cuando su nombramiento original era en la Oispa.
Entre las solicitudes que se hacen en la denuncia está que la oficina del magistrado Harry Díaz sea objeto de una auditoría que permita corroborar las acusaciones que hace la denunciante.
Vínculos
Por redes sociales circulaba un escrito que daba cuenta de los nexos que tiene Díaz con el hermano del presidente y diputado panameñista, José Luis Varela.
Se trata de la empresa comercializadora Latinoamericana de Exportaciones, S.A., en la que ambos aparecen en la junta directiva.
El magistrado Harry Díaz no negó dicho vínculo y solo se limitó a decir que pudo haber participado como abogado, cuando se dedicaba a ejercer en la esfera privada.
Reconoció que el vínculo con el diputado Varela se dio a través de socios y parientes suyos, que también formaron parte de la directiva de dicha empresa, que a juicio del magistrado no prosperó.
Impedimento
Junto a estas graves denuncias, surgen otra serie de cuestionamientos hechos por juristas que condenan las actitudes del magistrado Díaz.
Uno de estos cuestionamientos consiste en la violación a la reserva del sumario, al dar detalles en los medios de comunicación social sobre el expediente que sigue como fiscal, en contra del expresidente y diputado del Parlamento Centroamericano, Ricardo Martinelli.
Díaz no solo mencionó el nombre del exmandatario, sino que también hizo valoraciones personales en contra de los abogados defensores de Martinelli.
Sidney Sittón indicó que las palabras de Díaz demuestran que hay un sentimiento de enemistad en contra de una de las partes en el proceso que instruye y, por tanto, debe declararse impedido.
Aura Emérita Guerra de Villalaz, exmagistrada de la Corte Suprema, indicó de manera general que una de las causas para decretar el impedimento en un proceso es la manifestación pública de un expediente por parte de quienes están encargados de administrar justicia en dicho caso.
Otra de las acusaciones en contra del magistrado Díaz surge tras haber presentado un escrito de acusación contra el expresidente Martinelli, sin que antes se hubiera hecho una audiencia de imputación, lo que es considerado violatorio al Código Procesal Penal.
Datos
8 años de prisión es la máxima pena por el delito de acoso sexual y laboral.
2 años de cárcel es la sanción que tipifica el Código Penal por abuso de autoridad.
Provocación durante protesta de Cambio Democrático frente a sede principal de la Procuraduría de la Nación
Un hecho de aparente provocación se registró ayer en los predios de la Procuraduría General de la Nación, cuando se registraba una protesta por parte de miembros de Cambio Democrático (CD).
En medio de la manifestación, aparecieron varias personas de otro grupo, a las que el secretario de comunicación de CD, Luis Eduardo Camacho, tildó como “activistas oficialistas”.
El sitio fue rodeado por unidades de la Policía Nacional para evitar que se registraran incidentes.
“Gobierno varelista pensó que utilizando tácticas de la dictadura lograría intimidar a las bases CD; se equivocó, la pelea es peleando”, escribió Camacho en su cuenta de Twitter, posterior a la protesta.
La actividad, que ha sucedido a otras que se han realizado en las últimas semanas, fue dirigida a pedir la renuncia de la procuradora Kenia Porcell, luego que aceptara que la Alianza Ciudadana Pro Justicia revisa los expedientes contra funcionarios del pasado gobierno.
También, los miembros de CD se pronunciaron por la libertad de los exfuncionarios y empresarios detenidos en forma preventiva y exigieron que se ponga un alto a lo que calificaron como “persecución política” por parte del actual gobierno.
Según los denunciantes, hay 30 detenidos de la pasada administración, algunos de los cuales confrontan problemas de salud, a pesar de lo cual continúan privados de su libertad.
