Alicia Nereira vive un infierno desde hace 12 años, su familia se ha dedicado a cultivar la tierra en Arraiján, provincia de Panamá Oeste, tras haber obtenido una herencia de más de 60 años, pero su esposo ha fallecido y es amenazada por grupos de precaristas.
Nereira nunca imaginó vivir el calvario, pues hace 20 años residía en una zona rodeada de montañas y escasa comunicación, pero el auge inmobiliario de áreas aledañas incrementó el valor de la tierra que cultiva.
Ahora la afectada se pregunta dónde estaban aquellas personas que hoy se han adueñado de sus tierras y por qué las autoridades favorecen a estos grupos, además de qué intereses políticos imperan detrás de las invasiones a su propiedad.
Se trata de una denuncia contra el exalcalde de Arraiján en Panamá Oeste, David Cáceres, quien habría acudido a la casa de la familia para lanzar amenazas de que "las cosas iban a cambiar en Arraiján" y en cuánto vendían sus terrenos.
Ello, con la complicidad del Consejo Municipal de Arraiján, el cual autorizó a David Cáceres, en calidad de representante, hace más de seis años, a pelear los terrenos con la familia en la Dirección de Reforma Agraria, alegando que se trataba de un terreno municipal.
Sin embargo, Cáceres llegó a ocupar el puesto de alcalde en 2014, y una vez en el cargo ha autorizado a sus conocidos de la comunidad de Bique a poseer las tierras de los agricultores, y proceder a instalarlos en el lugar, emitiendo una certificación de ocupación pero sin tener la autorización legal para este acto.
Hoy estas tierras son revendidas a otras personas, debido a la expropiación obligada de la familia, narró Alicia Nereira.
Génesis del conflicto
La invasión de terrenos motivó la denuncia de la familia ante las autoridades, pero un revés del Municipio de Arraiján y el espaldarazo de la Dirección de Reforma Agraria permitió que "salomónicamente se decidiera que debían otorgarse los terrenos a los precaristas", dijo la defensa de Nereira.
Ante esto, la familia hizo una apelación pues no se conocían los nombres de las personas que serían los nuevos propietarios, y por medio de la Dirección de Reforma Agraria se dictó una nueva resolución con los nombres de los beneficiarios.
Sin embargo, en este último acto se anunció la pérdida del expediente, momentos en que intervenía la corregidora del sector, que posteriormente fue despedida y resolvió que los terrenos no pertenecen al Municipio.
No obstante, ya para ese entonces la Autoridad Nacional de Tierras (Anati) procedió a segregar el terreno de los afectados, sin haberse resuelto una resolución de la corregiduría en el 2008, que obligaba a realizar un juicio en los tribunales.
"¿Qué hace la Anati?, en menos de un año emite una resolución para darles las tierras a ellos, a pesar de que el representante y actual alcalde no cumplieron con los parámetros, como la cantidad de años que se requieren para adjudicarse un terreno", destacó la defensa de la familia.
"Los precaristas no eran parte del expediente, era el padre de familia Prudencio Salas, quien estaba solicitando los terrenos en nombre de su familia, por poseerlos por más de 60 años, pues se produjo la invasión en 2005, versus el Municipio de Arraiján", manifestó la abogada Tania González.
'Juega vivo' en invasiones
Antes de terminar el proceso judicial murió Prudencio Salas y mientras se realizaba el velorio se produjo una segunda invasión de los terrenos, organizada por el representante del corregimiento Juan Demóstenes Arosemena, Eliodoro Monterrey, describió la defensa.
La familia ha recibido amenazas de los precaristas, a pesar de existir un proceso de lanzamiento y donde se hizo constar un negociado de venta de terrenos. "Los primeros precaristas que invadieron cedieron sus derechos a otros precaristas, quedando en manos de Pedro Sánchez Moró, quien es el representante actual y también aprobó quitarles las tierras", contó González.
‘Los precaristas dijeron que no se van al Miviot porque allí es gratis’
La complicidad del Gobierno ha provocado que los precaristas se sientan con la autoridad para ubicarse en terrenos sin importar los daños que puedan producirse a la propiedad privada.
Así reaccionaron los dueños de más de dos hectáreas que han sido invadidas en Arraiján y sufren afectaciones a sus bienes.
Taira González, abogada de Alicia Nereira, quien se dedica a la agricultura, asegura que tras la invasión los precaristas, "les quemaron sus cultivos, destruyeron sus siembros, quemaros las tuberías de agua que eran de un pozo, y ahora los que tienen agua son los ilegales, pues la familia no posee el vital líquido desde el 2015".
La defensa de Nereira sostiene que "hablando con los precaristas, se les dijo que hicieran un listado para que fueran al Miviot porque hay personas que lo necesitan, pero dijeron que no lo iban a hacer porque les costaba 50 dólares al mes y allí estaban gratis, y esos terrenos gratis, y si los desalojaban iban a traer a sus familia para salir en la televisión".
