- 30 millones es el valor de la fortuna que posee Juan Carlos Varela.
Las cifras
- 4 es el artículo de la Ley 59, que suspende el pago a funcionarios que no presenten su declaración.
- 3 figuras del Gobierno han hecho públicas sus declaraciones de bienes patrimoniales.
La Carta Magna panameña requiere la declaración de altos funcionarios
- El artículo 304 de la Constitución Política de Panamá exige realizar declaraciones notariadas al presidente y vicepresidente de la República. La norma incluye a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los tribunales ordinarios y especiales, el procurador general de la nación y el de la administración, los jueces, los ministros de Estado, el contralor general de la República, el presidente de la Asamblea Nacional, los magistrados del Tribunal Electoral, los magistrados del Tribunal de Cuentas, el fiscal general Electoral, el defensor del pueblo, los directores generales o jefes de entidades autónomas y jefes de la Policía Nacional.
Un problema legal y moral
- Los expertos consultados afirman que aparte de ser un asunto de carácter legal, los funcionarios deben tener algo de ética.
Según la suma registrada en su declaración de bienes patrimoniales, el presidente Juan Carlos Varela es dueño de una fortuna de 30 millones de dólares producto de sus actividades comerciales y empresariales.
La información se desprende de las tres páginas que reposan en la Notaría Novena de Circuito de Panamá y que forman parte de la declaración jurada de bienes patrimoniales que Varela puso a disposición de la ciudadanía desde el pasado martes 15 de julio.
De ese dinero, $25 millones son del valor estimado de las acciones que Varela posee en 12 empresas en las que este figura como socio. Entre el caudal destaca también el yate Centuria, que tuvo un costo de $2.5 millones y que fue adquirido mediante una transacción en Estados Unidos a través de la Fundación Don James, entidad presuntamente vinculada a una red transnacional que llegó a lavar más de 150 millones de dólares en apuestas ilegales.
Pero además, Varela tiene otros $719,173 con 28 centavos que están distribuidos en cuentas de cinco entidades bancarias de la localidad. A la fortuna del jefe del Ejecutivo hay que agregar el apartamento, tipo penthouse, que él y su familia utilizan como residencia en el Edificio P.H. Miramar, ubicado sobre la Avenida Balboa y valorado en $800,000.
Lo que no aparece en dicha declaración es el detalle de la cantidad y el valor de los vehículos de Varela, aunque la lo exige.
En teoría, Varela cumplió su promesa de campaña al publicar su patrimonio, al igual que ya lo hicieron el alcalde del distrito capital, José Blandón, y el presidente de la Asamblea Nacional, Adolfo Valderrama.
Sin embargo, otras figuras como la vicepresidenta, Isabel Saint Malo, a quien Varela escogió para su fórmula de campaña por considerarla una persona intachable y sin pasado oscuro, no tiene en sus planes hacer pública su declaración de propiedades.
A esa lista de rebeldes hay que mencionar al ministro de Gobierno, Milton Henríquez, al ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles, y otros funcionarios de Gobierno que están llamados a dar ejemplo a la población por ostentar cargos públicos.
Y la práctica parece estar avalada por el propio presidente, quien no responde a los cuestionamientos ni tampoco exige a sus subalternos hacer de carácter público esta información.
La mayoría de los ministros que se niegan a la iniciativa, impulsada por Varela, aducen que por seguridad no pueden divulgar su patrimonio como es el caso de Jorge Arango, ministro de Desarrollo Agropecuario (Mida). “Hay mucha inseguridad. Por dos mil o tres mil dólares te secuestran... tengo muchos nietos y no tengo seguridad... yo mismo manejo mi auto”, declaró.
Ministros dicen que sus vidas peligran al publicar sus bienes
Otro que hace pública su oposición a la medida es el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán. “No tengo por qué hacerlo. Además, soy padre de 4 hijos y no voy a arriesgar la seguridad de ellos”, expresó.
El tema, que causa malestar a los jefes de las carteras ministeriales cada vez que se les aborda, no solo pone en duda la transparencia de estos servidores públicos ante la ciudadanía, sino que ya existen voces a lo interno del Partido Panameñista que discrepan con los ministros.
A juicio del diputado Gabriel Soto, del circuito 8-1, resulta irónico que sean los propios funcionarios de altos mandos que se opongan a difundir públicamente sus bienes por supuestas razones de seguridad que él considera no válidas. “Si ellos se sienten inseguros, ¿cómo se sentirá el pueblo?”, dijo.
Precisamente, la inseguridad que los ministros ponen como escudo para no presentar al electorado sus bienes no debe ser objeto de interés de las bandas organizadas, explicó el exdirector de la desaparecida PTJ Jaime Abad. El experto argumentó que los blancos criminales se escogen de otras formas y no por una simple declaración de bienes. “La persona que va atentar contra otra o que escoge un blanco, sea por razones económicas, de secuestro o por simple odio, no va a buscar esa información o no se va a basar en ese documento para hacer su fechoría. Eso es una excusa barata para no responder ante la ciudadanía”, indicó.
Pero más allá del tema de la seguridad, el sector empresarial no ve con buenos ojos que los ministros de Varela no sigan su ejemplo porque esto crea un ambiente de desconfianza con la actual administración, que prometió lucidez administrativa durante esta gestión. Así lo expresó Roberto Troncoso, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede). “Sentimos un bajón y un desaliento porque eso fue parte de una promesa de campaña. Si el jefe máximo dentro del Gabinete nos quiere dar una muestra de transparencia, no está demás que sus discípulos lo hagan”, aseguró.
Consultado al respecto, Carlos Gasnell, vicepresidente de Transparencia Internacional Capítulo de Panamá, aseguró que mientras la Ley 59 de 29 de diciembre de 1999 no les exija a los funcionarios que hagan públicas sus declaraciones, estos no lo harán.
Carlos Lee, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, indicó que por cuestiones éticas y morales cada uno de los funcionarios debe declarar su patrimonio.
