Claves
- Permiso
- Trámite
Corporación La Prensa, que edita los diarios y , lanzó ayer un nuevo ataque en contra de uno de los directivos de su principal competidor: Editora Panamá América (Epasa).
En una publicación titulada “Socio de Martinelli devasta manglares”, el diario informa sobre la devastación de una zona protegida por parte de la empresa Zona Uno Terminal Industrial y basado en “supuestos” responsabiliza al empresario Henri Mizrachi, actual miembro de la directiva de Epasa, que edita los periódicos .
Aunque en la misma nota se indica que existe un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aprobado en el año 2007, que permite a la empresa el movimiento de tierra en esa zona de Juan Díaz, se deja entrever que se violaron las leyes ambientales.
Sin embargo, el gerente general de Zona Uno Terminal Industrial, Carlos Ríos, informó que la empresa ha estado solicitando todos los permisos pertinentes para el desarrollo del proyecto desde el año 2006.
El proyecto al que hace alusión en su nota es un proyecto comercial e industrial propiedad de Biadel Management, S.A. e Inversiones y Desarrollo del Sur, en el cual se proyecta desarrollar 26 hectáreas, de las 40 existentes, para depósitos y galeras comerciales para almacenaje de mercancía en general.
La autorización por parte de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) para la adecuación de unas 12.5 hectáreas, áreas en las que se desarrolla el proyecto, fue dado en el año 2007 mediante la Resolución número 253-2007, del 12 de julio de 2007. Es decir, bajo la administración del expresidente Martín Torrijos.
“La Resolución 253-2007 de 12 de julio de 2007 de la Anam autoriza a Biadel Management, S.A. a adecuar 12.5 hectáreas dentro de la finca número 2507804 (documento digitalizado 926257), la cual corresponde a la finca donde se están realizando los trabajos de adecuación de terreno”, dijo Ríos, al ser cuestionado sobre la supuesta construcción en un área protegida.
“El proyecto se encuentra fuera del área protegida denominada la Bahía de Panamá y sitio Ramsar, debido a que solo se piensa desarrollar 26 hectáreas”, explicó Ríos.
El gerente general del proyecto también aclaró que Mizrachi -directivo de Epasa- es un inversionista minoritario en esta empresa. “Este es un desarrollo de F&F Properties, la cual es una de las empresas más reconocidas y prestigiosas del sector inmobiliario de Panamá. F&F Properties no pertenece a Mizrachi”, aseguró Ríos.
Sobre las supuestas denuncias de que se quemaran casas de personas que viven cerca del proyecto por orden del corregidor, Ríos dijo: “desconocemos las circunstancias respecto de este asunto. La empresa no solicitó, en absoluto, que se queme ninguna vivienda”.
Por último, Ríos informó que mediante Resolución DGOMI-PTM 07 de 24 de octubre de 2012 la Autoridad de Recursos Acuáticos aprobó la tala de 11 hectáreas de mangle, las cuales se encuentran fuera del área protegida denominada Humedal Bahía de Panamá así como del Sitio Ramsar y en esa misma resolución administrativa se ordenó la reforestación de 22 hectáreas, la cual en estos momentos se está ejecutando por parte de la empresa en el área de Chame, cumpliendo así con el plan de mitigación.
Ataques de ‘La Prensa’
Los ataques por parte de han sido constantes. A principios de abril el diario cuestionó dos contrataciones directas hechas por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) con Epasa; sin embargo, no aclaró que se trata del procedimiento normal que utilizan los gobiernos para contratar publicidad en los distintos medios de comunicación.
En esa ocasión cuestionó la contratación directa de los servicios de publicidad que brinda Epasa por 299 mil 900 dólares. Dicho contrato consistía en la publicación de los edictos de los procesos de titulación de tierras que se realicen en la Anati durante 2013, en el suplemento de clasificados Clasiguía que se inserta en los tres medios escritos de Epasa ().
Sin embargo, no dijo que también recibió 67 contratos directos de publicidad con diferentes instituciones estatales entre los años 2010 y 2011. En total este grupo editorial recibió 906 mil 332 dólares de estos contratos directos, de acuerdo con información oficial del sitio web Panamá-Compra.
Entre los contratos recibidos por Corprensa se encuentran dos paquetes publicitarios con el Banco Nacional de Panamá por 430 mil dólares.
A la lista se suman contrataciones directas de publicidad con la Asamblea Nacional por 64 mil 55 dólares, 51 mil dólares con la Contraloría, 46 mil 539 dólares con el Municipio de Panamá, y 24 mil 459 dólares con el Siacap.
El resto de los contratos directos a Corprensa fueron dados por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Obras Públicas, el Tribunal Electoral, la Superintendencia de Bancos, la Universidad Marítima Internacional de Panamá, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, entre otras instituciones.
Sin validar información
Otro de los ataques de hacia su principal competidor comercial, Grupo Epasa, se registró en mayo de 2012 cuando en un reportaje aseguró que en el primer trimestre del año 2012 el diario había incrementado un 10% sus ingresos por publicidad estatal al compararlo con igual periodo del año pasado.
Sin embargo, utilizó como referencia información que no fue validada por la empresa Ibope, responsable de medir la inversión publicitaria en Panamá al momento de la publicación.
La validación de la información fue solicitada a la empresa Ibope días después de su publicación. Es decir, después de que publicó su reportaje.
