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Las investigaciones que se le siguen a la defensora del Pueblo, Patria Portugal, por sobrecostos y otras irregularidades en contratos para consultorías y diseño de una página web han puesto en “jaque” su puesto, así como ha afectado la credibilidad de esta institución dedicada a velar por el respeto de los derechos humanos de la población.
Portugal es cuestionada por la contratación por 250 mil dólares de la empresa Imaginarium Studio, S.A., para el rediseño de su sitio en internet y una consultoría por 200 mil dólares, adjudicada en forma directa a otra sociedad, cuyos directivos tienen vínculos familiares con los de Imaginarium.
La defensora es investigada por el Ministerio Público por estos casos que fueron denunciados por la administradora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Abigaíl Benzadón.
Además, hoy deberá acudir al pleno de la Asamblea Nacional para responder un cuestionario de 12 preguntas, después del cual podría ser suspendida o destituida de su cargo.
Las interrogantes dirigidas a Portugal para que las contestara en un plazo de 48 horas, no solo se refieren a las polémicas contrataciones, sino a otros tópicos como las necesidades y propósitos de las contrataciones que ha hecho en la institución, así como si ha cumplido con la presentación de un informe anual de rendición de cuentas de su labor, como lo exige la Ley Orgánica de la Defensoría.
Mecanismos
Las reformas realizadas a la Ley de la Defensoría, en 2005, disponen tres causales para suspender o remover a la defensora del cargo.
La primera es por incapacidad física o psíquica que le impida seguir en el puesto.
La segunda es por negligencia notoria en el cumplimiento de los deberes del cargo, mientras que la tercera es por incurrir en incompatibilidades previstas en la norma.
Para el abogado Ernesto Cedeño, la segunda causal es la que podrían utilizar los diputados para remover a Portugal. “Tú no estás definiendo una norma, por eso es que en la Asamblea, perfectamente podrían definir que actuó negligentemente porque no hizo lo que tenía que hacer”, explicó.
Según Cedeño, los diputados podrían tomar dos caminos en la tarde de hoy. El primero sería suspender a la defensora y nombrar una comisión para que la investigue y luego emitir un veredicto final. En este tiempo quedaría al cargo el defensor adjunto, Javier Mitil.
Lo otro que podrían decidir los integrantes del Legislativo es considerar que hubo una falta severa de la defensora, luego de escucharla, y proceder a destituirla en el acto.
Al respecto, el presidente de la Asamblea, Sergio Gálvez, aclaró que si no quedan convencidos con lo que exponga Portugal, se inclinarán por el primer camino, que es el nombramiento de una comisión investigadora.
El diputado oficialista insistió en plantear que hoy no se tomará una decisión sobre el futuro de la defensora.
Ayer, las 28 organizaciones ciudadanas que han estado solicitando la destitución de Portugal desde hace varias semanas, entregaron su petición, respaldada por las firmas electrónicas de 350 personas.
El presidente del Colegio Nacional de Abogados, César Ruiloba, planteó que con la actuación de Portugal la credibilidad de la Defensoría del Pueblo queda mancillada, debilitada y sin la mística que una institución de ese tipo debe tener en democracia.
“Lo que corresponde es resolver el asunto de quién va a dirigirla y, entre todos, participar en una reconstrucción operativa y funcional de una institución que hay que conservar, pero que ha quedado marcada negativamente por la gestión de la señora Portugal”, expresó Ruiloba.
Por su parte, Tayra Barsallo, de la Unión de Abogadas, afirmó que en esta coyuntura a la defensora le ha llegado el momento de rendir cuentas y sustentar los logros que ha tenido su administración, si no, que deje el puesto libre para que otra persona lo ocupe.
“Pero esa otra persona no puede ser cualquiera. Tiene que tener la experticia y la experiencia de ejecutar programas y dar respuestas concretas a los grupos vulnerables para que se les garanticen sus derechos humanos”, sostuvo.
Por su parte, mediante un comunicado, la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz argumentó que las denuncias presentadas están alejadas de la naturaleza para la que fue creada esta institución a favor de los derechos de los ciudadanos.
Justicia y Paz demandó a las autoridades “una investigación transparente y expedita sobre los supuestos denunciados y, de haber lugar, imponer sanciones ejemplares a quienes sean hallados responsables”.
Cambios
La encrucijada por la cual atraviesa la Defensoría evoca nuevamente la idea de reformar su ley para darle más facultades vinculantes a la persona encargada de velar por los derechos ciudadanos.
Abogados y diputados consideran viable otorgarle autoridad para imponer sanciones a quienes violen los derechos humanos, y que el defensor sea escogido por la población.
