@AntonioSaul27
Escuchar el nombre de Cristóbal Salerno no es nuevo para la opinión pública.
La razón es que este empresario se vio involucrado en una de las operaciones policiales más sonadas ocurridas a mediados de la década pasada.
Se trató del decomiso de un arsenal de armas de guerra en una empresa de consultoría de préstamos, conocida como Norma González, que resultó ser una fachada en la que Cristóbal Salerno era el principal dignatario.
Salerno fue procesado penalmente por este hecho, sin embargo, por un tecnicismo legal, el Juzgado Primero de Circuito emitió una resolución para declinar de emitir un fallo sobre el caso y remitir el expediente a la Gobernación de la provincia de Panamá.
En 2007, un año posterior al hallazgo de las armas, la gobernadora en ese momento, Gladys Bandiera, decidió archivar el expediente por considerar que no existía norma aplicable en este proceso.
La decisión de ambas instancias fueron fuertemente cuestionadas por la opinión pública, debido a que el hecho ocurre en el año 2006, cuando la legislación penal panameña ya tenía establecida la pena de hasta siete años de prisión para quien fuera encontrado con armas de guerra.
En la operación policial se encontraron explosivos y armas de guerra, así como 400 mil dólares en efectivo.
El local de asesoría de préstamos Norma González estaba ubicado en el corregimiento de Bella Vista.
Al igual que en Cobranzas del Istmo, Cristóbal Salerno mantenía entre sus directivos a familiares cercanos, como es el caso de su hija y esposa.
Salerno fue beneficiado en ese entonces cuando el país era gobernado por Martín Torrijos y el Partido Revolucionario Democrático (PRD). Ahora goza de una medida de casa por cárcel, por el caso de Cobranzas del Istmo.
